La fiscalización en toda administración pública debe ser correctiva y preventiva, permanentemente actualizada y modernizada; pero antes que todo, eficaz y oportuna. Como toda actividad gubernamental, también debe ser evaluada para saber si cumple o no con sus objetivos, funciones y expectativas sociales. Fiscalizar bien y a tiempo es el reto.

Ha dicho recientemente el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, que "el enfoque preventivo de la fiscalización superior debe verse fortalecido, ya que es un complemento apropiado de las tareas correctivas que impulsa la Institución... Al mismo tiempo, será también necesario consolidar el aspecto correctivo de la tarea fiscalizadora y de las metodologías especializadas que se dirigen a la detección, revisión y documentación de irregularidades, como es el caso de la auditoría forense. La mejora de estas técnicas permitirá allegarse de mayores elementos, para identificar posibles abusos y actos de corrupción". En este contexto es fácil concluir que, el combate a la ineficiencia y a la delincuencia en toda administración pública, debe ser característica emblemática de un buen gobierno. La omisión, la inhibición y la pasividad en general se convierten en estímulo a la irresponsabilidad y facilitan los actos delictivos de funcionarios públicos proclives al abuso, a no cumplir ni hacer cumplir las leyes, porque saben que a fin de cuentas, no se hace ni hará nada. La impunidad extiende su reino.

Por eso la sociedad exige más y mejor fiscalización. Ante inaceptables bloqueos y retrasos, distorsiones e insuficiencias en la transparencia, y el acceso a la información pública; ante las notorias lentitudes y limitaciones de la rendición de cuentas y la rígida, lenta y costosa fiscalización gubernamental; ante finanzas públicas debilitadas e insuficientes, es preciso continuar avanzando en todos los frentes, particularmente en el fortalecimiento económico de los órdenes de gobierno y de los organismos autónomos, cuyo reto presente y futuro es operar bien, y usar mejor los escasos recursos de los que dispone, frente a las crecientes necesidades y prioridades sociales, que se deben atender, bien y a tiempo.

Para la fiscalización se trata, en todo caso, de contribuir al combate, reducción y eliminación de la discrecionalidad y las improvisaciones, de la ineficiencia, la corrupción y la impunidad, para favorecer el funcionamiento de estructuras y sistemas gubernamentales diseñados para alcanzar objetivos y reducir costos, optimizar recursos e impedir ocurrencias y experimentos innecesarios, frecuentemente impulsados o apoyados con otros fines, propios de la complicidad y la delincuencia. Se trata también de hacer un esfuerzo adicional de acceso a la información gubernamental. Información periódica, sencilla y clara, objetiva y confiable para ampliar y fortalecer la participación social. Impulsar y difundir esta cultura para no reducirse sólo a la atención de especialistas, sino trabajar para el entendimiento público.

Este es precisamente el reto, apoyar la participación social e involucrarla ampliamente en la evaluación gubernamental. Establecer con claridad que quienes gobiernan, como resultado de una elección o contratados como servidores públicos están sujetos no sólo a la rendición de cuentas, sino también, e inevitablemente a la revocación de mandato si no sirven o no funcionan. O en su caso, que pueden obtener el respaldo y hasta la reelección, si cumplen bien y a tiempo con sus

obligaciones.

Pero sobre todo, es importante constatar que las instituciones fiscalizadoras no son parte de la simulación y la ineficiencia, de la complicidad, la corrupción y la delincuencia. Después de todo lo que sucede, sostener dichas instituciones representa no sólo un esfuerzo y sacrificio social, sino también la oportunidad de controlar y reparar daños, corregir errores, consolidar logros y avances, así como eliminar, los mecanismos de enriquecimiento ilegal y la irresponsabilidad gubernamental, propios de la ineptitud y la impunidad.

La posible reelección consecutiva de diputados y miembros de los Ayuntamientos nos lleva a reflexionar sobre la mejor forma en que se deben seleccionar a todos los  candidatos a cargos públicos. El perfil, la experiencia y la capacidad son importantes y la manifestación de voluntad ciudadana es determinante. Pero una vez superada la elección, ante el deber y la obligación no queda más que cumplir bien, de ahí que sea indispensable la evaluación del desempeño cotidiano. Elección y realización para una evaluación ciudadana, obliga que mediante el uso de todas las formas de participación social, utilizando incluso los resultados de la fiscalización, se determine si procede la revocación o la reelección. Asegurarse desde los primeros años, si la elección es acertada, o proceder de inmediato a revocar el mandato, para evitar mayores pérdidas y daños, conflictos y enfrentamientos. La cuestión es avanzar en la democratización y la gobernabilidad.

Por ejemplo para fortalecer y realinear el equilibrio de poderes, dentro de los diferentes ordenes de gobierno, es posible que los titulares de los ejecutivos a nivel federal, estatal y municipal, sean obligados a comparecer y realizar, cuando menos, dos Informes de Gobierno, a sus legislaturas o ayuntamientos correspondientes: el primero (preferentemente sobre iniciativas para mejorar leyes e instituciones), en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, y el segundo (preferentemente de administración y resultados), en la presentación de la Cuenta Pública del año anterior, en los que se muestren los avances en el cumplimiento de los planes de desarrollo y los resultados del presupuesto ejercido. En ambos casos se establecerían dialogo y debate obligatorios.

Como consecuencia de las recientes reformas constitucionales, que deben aplicarse, urge ampliar las facultades de fiscalización en tiempo real y no conformarnos con dejar hacer y dejar pasar. Ante hechos consumados por lo regular ya nada o poco se puede hacer. "Ahogado el niño, ni siquiera se intenta tapar o controlar el pozo". Decepcionante la falta de acción, el conformismo y la resignación ante conductas probada y ostentosamente delictivas. Así los resultados de "las auditorías forenses", "los dictámenes arqueológicos", y "las observaciones post mortem", resultan ser, en su mayoría, pasado y sólo pasado, formas ineficaces para controlar y reparar daños, detener errores o fracasos, y detectar a tiempo irregularidades; los mecanismos fiscalizadores, a fin de cuentas, resultan ser ineficaces y costosos para recuperar dichas pérdidas o reparar esos daños; incluso se convierten en lentos o negados para sancionar a responsables y culpables.

Justicia y fiscalización que no son oportunas y efectivas, simplemente fomentan la ineficiencia, la corrupción y la delincuencia. Impedir la impunidad es el gran desafío de la política. Urge hacer efectivas en todo el país las reformas a la Constitución. O, ¿para cuando?