Más allá de la devolución de los cerca de siete millones de dólares que Alejandro Fernández dio de adelanto a Luis Miguel para la gira que planeaban juntos, “El Potrillo” quiere que su colega pague el daño ocasionado, por eso recurrió a la vía penal para interponer la denuncia de hechos.

El 11 de julio de 2016 el cantante, junto a su abogado Rodrigo Lazo, interpusieron la denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría General de Justicia en contra de Luis Miguel Gallegos Bastieri y Daniel González Hartman, su representante.

En ella, manifestaban con pruebas para abrir en una carpeta de investigación que se le hicieron varios depósitos al cantante, cercanos a un total de siete millones de dólares, como anticipo con el fin de realizar una gira juntos.

“Estamos desahogando diligencias en la carpeta de investigación porque con este nuevo sistema primero se hace la investigación y luego se justicializa. El delito existe en la medida que lo podamos probar. Consideramos que el señor Luis Miguel tuvo ciertas conductas delictivas y estamos acreditándole todos los datos a la carpeta que le llevamos al juez, éste investiga los hechos y considera el delito hasta la sentencia condolatoria. Son sólo hechos presumibles”, explicó Rodrigo Lazo, el abogado de Alejandro Fernández.

Aunque en un principio actuaron por la vía civil; ahora la denuncia se ejecutó por vía penal, la cual, a diferencia de una civil o mercantil, podría derivar en que Luis Miguel vaya a la cárcel. La elección de esta instancia demuestra el interés del tapatío para reparar el daño o prejuicio, contrario a las otras formas que buscan la reparación económica o el cumplimiento del contrato.

Hoy la denuncia está puesta pero el delito aún no se consigna, lo que quiere decir que el juez no ha decidido la culpabilidad. Esto, a su vez, significa que el caso no ha pasado a juzgado, como lo explica Lazo.

“Estamos en diligencias especiales con el tema de investigación sigilosa”, precisó. “El tema de los estilos es distinto. Hay abogados que presentan incluso el delito con nombre basado en el artículo cual; a nosotros por estilo no nos gusta calificar en términos de delito cuáles son las conductas, denunciamos hechos que consideramos delictivos. No tipificamos hasta que el ministerio público decida. Estamos ahora en la parte medular y delicada de la investigación”.

Sin embargo, han salido a la luz ya algunos implicados tal es el caso de la boletera Don Boletón, quienes serían los encargados de vender algunas de las entradas a los conciertos que preparaban los cantantes y a nombre de la cual se transfirió la primera cantidad a Luis Miguel de parte de Intercam Grupo Financiero. De esta cuenta de Boletos Electrónicos, se hicieron otras más a las cuentas de Lios Productions Inc y Stahlzelloe Pc Trust Account.

Cabe señalar que con siete presentaciones hubieran sido suficientes para cubrir tan sólo el anticipo que se entregó a Luis Miguel, aproximadamente. La gira tenía contempladas 50 presentaciones.

¿En dónde está Luismi?

El abogado del tapatío señaló que en la carpeta de investigación queda asentado que Luis Miguel ha sido buscado para entregarle los citatorios como parte de la investigación para presentarse a comparecer, en principio, el 25 de enero de 2017. Sin embargo, ninguno de los domicilios citados ha dado con el cantante.

El primero de ellos fue al de su compañía disquera Warner Music México, en la calle Leibnitz, de Polanco. Después de reimprimirse estos citatorios fueron devueltos, ya que no fueron entregados, por lo que Rodrigo Lazo acudió a rectificar el domicilio, esta vez de Daniel González Hartman, pero ahora en una dirección en Nueva York.

Además, en la carpeta de investigación sobresale otro nombre, el de Óscar Raúl Montes, quien en años anteriores fue representante legal de Luis Miguel, que forma parte de Don Boletón. Montes quiso que se le tuviera identificado como imputado para luego acceder a la carpeta de investigación, obtener copias de ellas y dar su entrevista, tres nociones que le fueron negadas por dar una dirección de despacho que, de acuerdo con la policía, se encuentra abandonado.

(El informador)