El cochinero que se ha detectado durante el proceso de entrega recepción de las autoridades actuales a los entrantes, hace tiempo que ya era objeto de llamados de atención por parte de técnicos y empleados menores de la SIOP, sin que los funcionarios responsables hicieran algo por arreglar y dictaminar sanciones a empresas incumplidas. 

‘Siempre pensaron que ganarían la elección de julio y que el paraíso de impunidad continuaría… Nunca les preocupó lo que se les decía’, son algunos de los comentarios que se escuchan en los pasillos de la dependencia dirigida actualmente por Yolanda Baizabal. 

Es por ello que ahora, inmersos en el proceso de entrega recepción, esos funcionarios andan con el insomnio adelantado pues no logran demostrar de qué manera se contrataron, ejecutaron, supervisaron y finiquitaron los pagos a las obras que lograron ser llevadas al 100 por ciento de sus avances físicos. Mucho menos las obras que quedaron sin terminar; las que se contrataron sin disponibilidad presupuestal; y a las que se les entregaron anticipos por encima de la ley y no avanzaron de acuerdo a los calendarios de obra contratados. 

Incluso no pocos empleados tienen miedo de ser inculpados por penas ajenas y han sido amenazados con cargarles responsabilidades que no les corresponden; principalmente supervisores de obra a los que jamás se les autorizaron viáticos ni les fueron proporcionados vehículos para cumplir con su trabajo. 

Trasciende en la dependencia que las irregularidades que han sido detectadas en el proceso de entrega-recepción no son nuevas ni desconocidas por los altos funcionarios de SIOP, pues de todo estaban al pendiente. A Julen Rementería en su momento y a Yolanda Baizabal después, les fueron debidamente notificadas las irregularidades y jamás hicieron algo por arreglarlas. 

En definitiva, es muy probable que uno de los funcionarios mencionados (o los dos) tendrán que enfrentar la justicia en algún momento y rendir cuentas al nuevo gobierno, pues los enredos y el borrado de huellas que intentaron realizar en la mayoría de las obras construidas de manera deficiente e irregular son tan obvias como burdas.

Entre los casos que han sido más que difícil comprobar y explicar se encuentran los proyectos ejecutivos de obra deficientes, con faltantes de soportes técnicos y estudios de campo no confiables, carentes de estudios topográficos y Mecánica de Suelos. Un gran número de expedientes de obras carecen de especificaciones de construcción precisas y completas.

En cuanto a los procesos de adjudicación la mayoría presentan vicios e irregularidades. Existió abuso en la adjudicación directa de obras que por su monto e importancia debieron ser licitadas y concursadas. 

Obras que no se adjudicaron a las mejores propuestas técnicas o económicas. En los expedientes, las posturas técnicas y económicas se encuentran datos que no concuerdan con los asentados en las hojas de dictaminación para adjudicación siendo obvio que hubo preferencias ilegales para la asignación de los contratos. 

Se utilizaron métodos inusuales para dirigir los contratos hacia empresas frecuentemente beneficiadas. 

No se adjudicaron las obras a las mejores propuestas para los intereses del Gobierno, quedando un gran margen de diferencia entre la mejor y la adjudicada. Contratación de empresas sin solvencia técnica ni liquidez financiera. La supervisión de la mayoría de las obras fue deficiente por lo que frecuentemente se agotaron los presupuestos con abusivos pagos a conceptos extraordinarios y metas acortadas por la misma causa. 

Por las fechas de su constitución y experiencias no afines con las obras que pretendían contratar y giros de Hacienda diferentes a la construcción, un gran número de empresas beneficiadas se les conocía como ‘improvisadas’ que tardaban en aprender y por lo tanto causaron demasiados retrasos en los calendarios contratados y gastos excesivos que fueron pagados sin justificación, ya que mientras aprendían echaban a perder.

Se detectó, afirman, la adjudicación de contratos a empresas cuya evidente falta de liquidez ni solvencia financiera los llevó a ejecutar obras sin la calidad debida. 

En lo que se refiere a la supervisión, es notoria la falta de evidencias de su realización debido -se quejan- a la carencia de residentes de obra y carencia de vehículos, viáticos y falta de pruebas de laboratorio para verificar especificaciones de construcción y cumplimiento de las especificaciones contratadas. 

El notorio favoritismo hacia contratistas afines al PAN y amistades de altos funcionarios del gobierno actual fue causal de elevación injustificada de importes considerados en los contratos y el acorte de metas operativas. 

Así, los agotamientos presupuestales se fueron cubriendo indebidamente con la asignación de nuevos contratos con cargo a otras fuentes de financiamiento, con el obvio y viejo recurso ilegal de borrar huellas que dificultaran el seguimiento a los proyectos y a la fiscalización federal o estatal. 

Por lo anterior, las nuevas autoridades fiscalizadoras que definitivamente estarán obligadas a desentrañar todas esas argucias ocultas que se encuentran en los expedientes a los que jamás se le podría llamar ‘Libros Blancos’ tendrán mucho trabajo para revisar las obras que, aunque están terminadas en campo, sus expedientes están completamente irregulares. 

Pero no solo en lo interno se han detectado problemas, pues hay versiones que de parte de funcionarios especialistas del ORFIS se asesoró para justificar las contrataciones realizadas, por ejemplo a empresas de familiares de José Mancha Alarcón, dirigente estatal del PAN, para que se les permitiera concursar a dos empresas inminentemente suyas, aunque se violaba lo que mandata la ley de obras públicas. 

Se habla de sucios intercambios de información entre representantes legales, socios y familiares.

Quienes conocen y han estado al tanto de todo este cochinero sostienen que a toro pasado será casi imposible que los altos funcionarios de la SIOP puedan resolver y solventar todas y cada una de las observaciones detectadas hasta ahora y que en diciembre al término de las auditorías formales serán formalizadas y encausadas legalmente para que los responsables respondan. 

Habrá resistencias, los actuales funcionarios se dirán perseguidos políticos, pero se debe entender que esto ya cambió. México y Veracruz se lo merecen.