Al margen de discusiones de carácter político, por encima de consideraciones subjetivas y reclamos por una guerra mediática sin sentido, el Poder Legislativo de Veracruz asumió su responsabilidad y llevó al ámbito de la academia y del ejercicio profesional, el debate sobre la pertinencia de derogar la figura delictiva conocida como “ultrajes a la autoridad”.

A partir de la base de que “el Estado de Derecho es un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con total apego a los derechos humanos”, el ejercicio realizado este jueves en el Congreso de Veracruz es un gran paso para encontrar la ruta adecuada en la discusión sobre la prevalencia de este tipo delictivo.

El diputado Marlon Ramírez Marín, integrante de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, resaltó la enorme trascendencia que tiene para el ejercicio legislativo, la participación de especialistas en el tema que se discute.

“Planteamos desde el principio, que quienes estamos en esta responsabilidad tenemos la posibilidad de enriquecer los dictámenes y hacer las incorporaciones necesarias; me parece que es un instrumento valioso el que podamos contar con representantes de colegios y barras de abogados, para que nos den su punto de vista al respecto, porque son los expertos en la materia y son los que la aplican”.

El doctor Tomás Mundo Arriasa afirmó que las leyes deben ser claras, estables y divulgadas; deben aplicarse de manera uniforme y proteger los derechos fundamentales, incluyendo contratos, seguridad, propiedad y derechos humanos de todas las personas.

No es el caso, del concepto incorporado en el Código Penal de Veracruz como Ultrajes a la Autoridad:

“No cumple con los  mínimos requeridos para tal efecto; no protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Incumple con las exigencias constitucionales de exacta aplicación de la ley”.

El diputado Marlon Ramírez advirtió que, aunque el gobernador de Veracruz envió una iniciativa relativa a este artículo, también se tienen que dictaminar de manera conjunta la iniciativa que presentó el Partido del Trabajo y la que propuso el Partido Acción Nacional: “tenemos que hacer una revisión de todas las aristas para poder generar una postura complementaria”.

Se trata, dijo, de un trabajo colegiado: “en la Comisión en la que participa Luis Fernando Cervantes Cruz como presidente; Rosalinda Galindo Silva, como vocal, y un servidor como secretario, escuchamos a los ponentes y sus observaciones; se dictaminará y se habrá de presentar al pleno del Congreso el trabajo final”.

A nombre de los abogados que se sumaron al Movimiento por la Justicia,  Tomás Mundo Arriaga propuso:

Liberar de inmediato a aquellas personas cuya detención sea objetivamente arbitraria; presentar denuncias contra policías y fiscales que hayan participado en esas detenciones ilegales; presentar denuncias contra los peritos oficiales que se desviaron de su actuación y que gracias a esos peritajes que carecen de toda objetividad y profesionalismo han dejado a cientos de veracruzanos en las cárceles.

Para concluir, Marlon Ramírez destacó la apertura mostrada por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, así como de Domingo Bahena Corbalá, secretario general del Congreso, para abrir el foro a la participación de los sectores de la sociedad que así lo solicitaron.

Un ejercicio que debería convertirse en regla para un mejor desempeño de nuestro Poder Legislativo.

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