Aseguran que se trata de una medida desesperada por parte de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, a quien ya le avisaron que sus días en ese organismo “autónomo” están contados.

*** Fue por ello por lo que de pronto se asumió como la más celosa vigilante de la actuación de su personal, y la semana pasada procedió en contra de cinco servidores públicos, a los que les atribuye el delito de “incumplimiento de un deber legal”.

*** Los detenidos ocupaban los cargos de Fiscal Especializado en Delitos de Violencia contra la Familia, “encargada” de la Fiscalía Regional en el puerto de Veracruz, así como peritos y elementos de la Policía Ministerial.

*** En redes sociales ya circulan críticas para la titular de la FGE, pues aseguran que trata de “colgarse medallas” frente a quienes pudieran ser sus jefes políticos a partir de diciembre.

*** Todo parte -narran en redes- de la integración de una carpeta de investigación, en la cual el fiscal Jorge Said inició una investigación por el probable delito de pederastia, “sin percatarse de que los documentos aportados por la ofendida eran falsos”.

*** “¿Cómo podría haberse percatado de que la persona se ostentaba con una identidad que no era real? La Fiscalía tiene como obligación recibir e iniciar carpetas por los hechos probablemente constitutivos de delito que cualquier ciudadano exponga, actuando de buena fe, pues basta tener a la vista a una supuesta víctima para conocer un probable hecho delictivo”, se argumenta.

*** El caso es que, a partir de una consigna de la propia Fiscalía, los cinco detenidos (Eloy Enrique, Jorge Said, Beatriz, Xóchitl y Jesús Julio) fueron imputados como probables responsables del delito de incumplimiento de un deber legal. El juez de control los vinculó a proceso y los mantiene en prisión, a pesar de que el delito no lo amerita.

*** Este lunes se llevará a cabo la audiencia para la revisión de las medidas cautelares, pero se anticipa que el juez los mantendrá privados de la libertad, con argumentos tan absurdos como que “ponen en riesgo a la víctima” (que no hay) y que “podrían alterar documentos e influir ante testigos” por ser servidores públicos.

*** El juzgador no entiende que está abusando de los derechos de cinco ciudadanos que conocen de leyes, los que no sólo conseguirán su libertad, sino que actuarán por la vía jurídica en contra de aquellos que tuerzan la ley para acatar la “línea” que les mandan.

filivargas@gmail.com

(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")

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