Imagine, querido lector, que en su trabajo se le asigna como tarea la responsabilidad de vigilar el buen funcionamiento de un establecimiento. Usted debe vigilar que todos en esa área cumplan con sus obligaciones y que se rindan “buenas cuentas” sobre el desempeño de dicha oficina.

Imagine que durante su gestión al frente de dicho establecimiento, una auditoría arroja que existen “faltantes” en diversas áreas. Es muy probable que usted alegue que no tomó “ni un centavo” y pretenda con ello evadir cualquier señalamiento en su contra.

Lo menos que le dirán sus jefes es que usted debió vigilar que el personal a su cargo no incurriera en actitudes ilícitas y que, aunque no hubiera participado en el robo, tendría responsabilidad por no cuidar el área que le fue asignada.

Ese es el caso de la magistrada en retiro Isabel Romero Cruz.

Durante su gestión como magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades que permiten presumir un daño patrimonial superior a los 80 millones de pesos.

Cuestionada este martes sobre ese caso, la magistrada se limitó a responder: “No, mi amor, estoy requete bien.  No, no me preocupa (la denuncia), porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. No me llevé ni un peso partido por la mitad”.

Pero la magistrada en retiro no está “requeté bien” como ella misma lo señala.

La Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF determinó en su informe que el Poder Judicial de Veracruz no contempló el pago de servicios personales en el ejercicio fiscal de 2021 (salarios, bonos y prestaciones), y que empleó de manera indebida recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia para hacer frente a esos pagos.

El informe advierte que el Poder Judicial de Veracruz no fue capaz de aclarar o justificar “el haber incrementado durante el ejercicio fiscal 2021 la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial (…) y registrar un monto pagado superior al originalmente aprobado”, por lo que se advierte un presunto daño patrimonial que supera los 82 millones de pesos.

La actual magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó ese daño patrimonial y aseguró que “será denunciado”.

No hay que ser brujo para entender que, en gran medida, los recursos faltantes (y que fueron, según la ASF, aplicados en salarios bonos y prestaciones) fueron utilizados para cubrir salarios caídos a los magistrados que fueron dados de baja, pero se inconformaron y recurrieron al amparo de la justicia federal, con lo que -una vez que les dieron la razón- tuvieron que reinstalarlos y cubrirles los salarios y las prestaciones que no fueron cubiertos. Ese gasto se duplicó, pues en los tiempos que duró cada juicio (ninguno menos de un año), el Poder Judicial cubrió salarios y prestaciones de las personas elegidas para sustituirlos.

Todos esos “errores” (que en realidad fueron acciones por consigna, para deshacerse de magistrados que no se prestaban a la “línea” marcada por el Poder ejecutivo) tienen ahora sus consecuencias y no sólo habrá de pagar quien mató la vaca… también quien le amarró las patas.

filivargas@gmail.com

(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")

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