Como sabemos, el debate público tiene una indiscutible utilidad a los fines de la confrontación de los intereses opuestos y para forjar una ciudadanía activa en los procesos de deliberación. Por eso donde no hay libertad de expresión ni derecho a la información no hay democracia. Donde se pretende imponer visiones únicas, el debate público es muy pobre o inexistente, afectando con ello el desarrollo y consolidación de la democracia. Así de simple.
Un poder más y mejor vigilado, un ciudadano atento y al día, que racionalice el cúmulo de información que recibe, deben ser y son ayudas potentísimas para la democratización de la sociedad y de su instrumento, el Estado, porque no puede haber transparencia ni cabal rendición de cuentas sin una ciudadanía demandante, crítica e informada.
De ahí que hoy en día, uno de los términos que con mayor frecuencia invocan los políticos al pronunciar sus discursos, es el de participación ciudadana; hablan de su importancia y de su necesidad para la profundización de la democracia en nuestro país.
Lo políticamente correcto dicta hablar de transparencia, de rendición de cuentas y de acceso a la información pública, esto es, del escrutinio y participación de la sociedad en los asuntos públicos.
Estar a la moda y mostrar talante democrático como político es soltar estos conceptos a la primera declaración y ubicarlos como característica del gobierno y compromiso ineludible del candidato o candidata o gobernante de cualquier color, credo o filiación política.
Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos, y en ese propósito, lo sabemos, las autoridades necesitan crear canales institucionales y leyes que regulen la participación ciudadana, así como proyectos y acciones que posibiliten que los integrantes de los órganos de gobierno y de las instituciones que impulsan la cultura democrática, incluyan a diversas expresiones sociales en las acciones que realizan.
Los ciudadanos serán juiciosos, responsables y solidarios, únicamente si se les da la oportunidad de serlo mediante su implicación en diversos foros políticos de deliberación y decisión. Y cuantos más ciudadanos estén implicados en ese proceso, mayor será la fortaleza de la democracia, mejor funcionará el sistema, mayor será su legitimidad, e, igualmente, mayor será su capacidad para controlar al gobierno e impedir sus abusos. La participación creará mejores ciudadanos y quizá simplemente mejores individuos.
Con el fomento a la participación se produce un acercamiento permanente entre gobernantes y gobernados, entre las autoridades electas y la población votante, y ésta va más allá de los comicios, porque ello lleva a compartir responsabilidades al tomar decisiones, a un mayor escrutinio ciudadano sobre la gestión gubernamental y por ende a un escenario propicio para una mayor rendición de cuentas.
Es fundamental que trascendamos la teoría y vivamos la experiencia democrática y este año de elecciones en México es oportunidad para que los ciudadanos reconozcamos la importancia de concretizarla, de tomar la decisión en función de lo que creamos, para definir quién y cómo ejercerá las funciones de gobierno, y en qué medida el resto de la ciudadanía participará de ellas.
De esta forma, la participación ciudadana deja de ser un asunto de ocasión política, de solo concurrir a ejercer nuestro derecho al voto, y se vuelve un asunto cotidiano de ejercicio de la libertad y de nuestros derechos políticos.
La participación activa e informada nos llevará a crear una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios creadores de identidad colectiva, generadores de una forma de vida específica construida alrededor de categorías y valores consustanciales a la democracia.
Ahí radica la importancia de qué participemos y lo hagamos de manera informada.
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