Bueno pues como dirían los clásicos, “esto no se acaba hasta que se acaba”, por eso es que recién se dio a conocer por parte de la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia, que a estas alturas del partido -un mes después de las elecciones- se investiga 414 asuntos en relación a algún delito electoral, mismos que presentaron ciudadanos durante los comicios del pasado 5 de junio en 14 entidades del país.

Como resulta obvio, la recién nombrada Ciudad de México, con un mayor número de electores encabeza también la lista de posibles delitos electorales con 107, pero para orgullo de los mapaches electorales jarochos, Veracruz sigue en el ranking de delitos durante las elecciones con 49 denuncias.

Entre las 414 denuncias a nivel nacional, destaca la presentada en contra del ex delegado de Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, por el supuesto uso indebido de los programas sociales para apoyar a los pobres paisanos veracruzanos.

El tema ya llegó hasta la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que la semana pasada aprobó un acuerdo, para pedir a la Procuraduría General de la República que se aceleren y aclare el uso irregular que se hizo del programa Prospera por parte del delegado en Veracruz.

Los diputados y senadores integrantes de la Permanente, recordaron que, en mayo pasado, se divulgó la conversación entre el diputado del Congreso de Veracruz, Raúl Zarrabal, con el delegado de Prospera en el estado, Alejandro Iván Baquedano, en la que ambas personas hablan de condicionar la entrega de apoyos a la población en pobreza, a cambio de votos.

Tal situación llevó a los congresistas federales a exigir que la FEPADE investigue el supuesto desvío de recursos públicos en que se involucra al delegado de Prospera, anomalía que, de comprobarse, violaría los principios de certeza, imparcialidad, dependencia, legalidad y objetividad de los procesos electorales.

Recordaron que la ley establece que los funcionarios de todos los niveles de gobierno, están obligados a utilizar de manera adecuada los recursos y programas públicos a su alcance, sin afectar la equidad de los comicios.

Puntualizaron que la Ley General en materia de Delitos Electorales, prevé sanciones de 260 a 520 días de multa y cárcel de siete y hasta por 11 años con ocho meses, a quien utilice programas sociales para condicionar el voto a favor de candidatos, partidos o coaliciones.

El Programa Prospera, cuenta con delegados en cada uno de los estados, con 232 unidades de atención regional y es un órgano desconcentrado de Sedesol, de modo que esa dependencia debe colaborar con las indagatorias, para aclarar el uso político electoral del instrumento referido en Veracruz y fincar las responsabilidades correspondientes a todos los involucrados.

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