No es un secreto a voces, que la delincuencia en nuestro país es un virus que afecta cada vez más a sectores particulares de la población, jóvenes, niños, mujeres, adultos mayores, etc. a todos por igual, en una gran cantidad desmedida de delitos que en muchas ocasiones quedan sin castigo alguno, pues son demasiados y no es posible por más que se quiera trabajar en ello, atender puntualmente las casi 3 millones de denuncias que se realizan por actos delictivos como el homicidio, robos o violación.

En nuestro país se registró tan sólo en el 2015 un total de 20,525 homicidios, lo que demuestra que el sistema penal y de seguridad en nuestro país ha tenido cierras deficiencias y no ha habido una respuesta positiva para la sociedad cuando enfrenta una situación de violencia. Es aquí donde la respuesta debe ser efectiva y rápida, pues es una de las razones por las que se pierden vidas de muchos mexicanos inocentes a diario. Esta situación no solamente es privativa de una entidad, en cada de las 32 encontramos casos similares.

Dentro de este debate, tenemos varias posturas, en las que podemos destacar la eficiencia y el respeto irrestricto hacia las instituciones que se encargan de administrar y procurar justicia en México, en donde los tiempos y el sistema burocrática en algunas ocasiones agilizan o bloquean los procedimientos, sin embargo por otra parte tenemos aquellos que argumentan acerca del legítimo derecho que un ciudadano tiene para acceder y contestar en defensa propia en alguna situación de riesgo o peligro.

La cultura de la prevención en los ciudadanos debe ser una prioridad en todo momento, pues ante las situaciones de delincuencia que se viven en nuestro país, es una de las formas de evitar ser víctimas de un desagradable encuentro, aún más sabiendo que de la cantidad anteriormente mencionada de homicidios, son casi 13 mil los que fueron ocasionados por arma de fuego. De aquí podemos desprender el derecho a la legítima defensa que tiene cada ciudadano.

Esta es la postura del Senador Jorge Luis Preciado, quien ha defendido su iniciativa que modifica disposiciones de la Constitución, así como de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a efecto de que los ciudadanos puedan tener acceso a comprar un arma de fuego y tenerla en el automóvil y en sus respectivos negocios, esto para contrarrestar alguna situación en la que se encuentre en peligro la vida de la persona y pueda defenderse de forma efectiva.

Esta iniciativa surge por el gran incremento de delincuencia y violencia que asecha las calles de nuestro país. “El país está inundado de armas y son los delincuentes quienes las portan” fueron las palabras del senador al defender su iniciativa, pues pretende colocar a la víctima en igualdad de circunstancias que el delincuente. ¿Es realmente la solución a la delincuencia permitir que todo aquel que así lo desee, pueda portar un arma de fuego?

Esta iniciativa tiene nuevamente dos posibles caminos. Aquellos defensores del derecho podrían pensar que con esto se violenta la labor de las instituciones ya que son ellas las que se encargan de la administración de justicia, y aunque el legislador es reiterativo que no busca que la ciudadanía haga justicia por mano propia, en algún momento puede prestarse a la introducción de violencia en aquellos sectores donde no estaba presente.

Sin embargo, contrario a esto tenemos el sentir ciudadano donde se puede pensar que la defensa personal es la clave para frenar y detener una situación donde la vida peligre, sumado a que puede evitar la compra de armas en el mercado negro, dejando de lado a aquellos grupos de individuos que se dedican a la venta de armas.

Esta iniciativa, aún en las comisiones, tiene importante trascendencia, sin embargo fortalecer a las instituciones y elaborar una buena legislación en materia de uso de armas debe ser una prioridad, ya que si no hay una buena plantación, el abuso del derecho será la principal consecuencia.

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