Si se trata de automovilistas, la distracción puede provocar accidentes, o incluso imposibilitar la percepción de señales de alerta que conduzcan a violar las disposiciones. Por supuesto, el riesgo se potencia en vías rápidas, donde proliferan estos anuncios y hay una gran circulación, a velocidades mayores.
Parecería simple ordenar la reducción de anuncios y hacerlos más selectivos y amigables con el medio ambiente. Pero ¿esto dejaría de producir ganancias a los responsables de eliminarlos?
Conveniente sería seguir normas urbanas racionales y evitar elementos recargados o agresivos, excesivamente luminosos o que constituyan distractores severos. Podría buscarse, al menos, producir una sensación más leve de conjunto. Pero, ¿esto también va contra las “utilidades económicas” de las autoridades responsables?
Los temas son un mejor marco normativo y un ejercicio de autoridad de entidades centrales y delegacionales, de policías y de ciudadanos responsables que no sólo se quejen en corto, sino que actúen abierta y diligentemente para protegerse de las lesiones al patrimonio arquitectónico, de los indiscriminados ataques del consumismo y de una competencia irracional por un deprimido mercado local, todo lo cual se manifiesta en una superabundancia de anuncios, muchos de dudosa legalidad.
La publicidad es un elemento importante en el mercado, pero debe realizarse con una adecuada regulación, que evite abusos y sancione oportunamente ilegalidades.
El padrón de anuncios autorizados debe revisarse periódicamente y la autoridad del espacio público, comprometerse a retirar los no autorizados y suspender los que estén en proceso de regularización. El listado de publicistas autorizados, según la Gaceta Oficial de diciembre de 2015, asciende a 416. Esta cifra parece muy pequeña comparada con lo que vemos cotidianamente en la metrópoli.
Por otra parte, existe también otra forma grave de contaminación: la acústica, que implica niveles de ruido excesivos que afectan la salud y provocan molestias en oídos, estrés, posibles daños a la capacidad auditiva e incluso sordera. La exposición continua a un ruido que signifique nivel de decibeles más alto que los estándares comúnmente aceptados, también puede implicar interferencia en la comunicación oral, desplazamiento temporal o permanente del umbral de audición, pérdida de atención e irritabilidad.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México debe poner su atención en estos temas por demás importantes para la salud de los capitalinos y en defensa también de la armonía y belleza del paisaje urbano, testigo fiel de nuestra ancestral cultura. |