Las condiciones económicas del país, han dicho el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, son “difíciles” y se avizoran graves. Se observa desde hace algún tiempo bajo crecimiento económico, inseguridad pública, entorno internacional inestable, menor precio y producción de petróleo, depreciación del peso, incremento en el déficit presupuestal y mayor endeudamiento, a pesar de los recortes sustanciales al gasto público, que conllevan mayor estancamiento económico.

Todo ello en un contexto de volatilidad e incertidumbre externas, agravadas por la reciente elección de un controvertido personaje, cuya agresividad discursiva contra nuestro país no augura nada bueno y que, con alta probabilidad, incidirá en mayores problemas para el comercio y la inversión en México.

Por otra parte, enfrentamos una situación delicada de pobreza y de profunda desigualdad en la población Mexicana, agudizada, en buena medida, por las políticas desprendidas de un modelo económico que sacraliza al mercado, le da ventajas a los dueños del capital y sacrifica el ingreso de los trabajadores y las clases medias y bajas. Dicha situación de pobreza y desigualdad se verán agravadas por las recetas de política económica restrictiva y el deficiente enfoque de la política social.

Mucho es lo que habrá que hacer a nivel nacional para paliar o superar este contexto adverso. Pero, en términos regionales, también hay características diferenciadas que acentúan o reducen desigualdad y pobreza.

Veamos, por ejemplo, la situación en la Ciudad de México, enmarcada a nivel nacional:

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que en 2014 la población pobre en el país era de 55.3 millones (46.2% de la total), 43.9 millones (36.6%) estaban en pobreza moderada y 11.4 millones (9.5 %) se ubicaban en pobreza extrema.

En la Ciudad de México, según cifras del mismo Coneval, 2.5 millones de personas (28.4% de la población) viven en pobreza; de éstas, 2.4 millones (26.7%) padecen pobreza moderada y 150 mil (1.7%) están en pobreza extrema.

El Gobierno de la Ciudad no ha logrado disminuir la pobreza, aun con sus múltiples programas sociales: 158 en 2015, más otros 37 este año. Lamentablemente, estos programas, de manera muy frecuente, no llegan a la población que en realidad los necesita y resultan ser apoyos clientelares que el gobierno y el PRD aprovechan para cautivar votos.

Existen al respecto diversos estudios elaborados por diputados a la Asamblea Legislativa que demuestran con datos y cifras verificables que la situación de pobreza en la urbe no ha mejorado, pero el gasto sí se ha efectuado. Por ese motivo, el gasto corriente es muy relevante en las finanzas de la ciudad, en contraste con el gasto de inversión, que es muy menor, sobre todo a la luz de los requerimientos de mantenimiento de obras e instalaciones y de nueva inversión que precisa esta gran metrópoli para tener viabilidad a futuro. 

Además, es indispensable atender los problemas de informalidad y economía subterránea en la ciudad, propiciar un aumento en la productividad y en la competitividad y auspiciar un desarrollo en el ingreso y el poder adquisitivo del salario y con ello mejorar el comportamiento del mercado interno.

Para reducir en mayor medida los niveles de pobreza actual en el país y en la Ciudad de México es necesario incidir en la redistribución del ingreso y en favor de una menor desigualdad, a través de la revisión a fondo de las acciones que contribuyan a eliminar el deterioro ancestral del poder adquisitivo de los trabajadores, que registran reducciones superiores a 70% en los últimos 40 años.

Sería importante que la Asamblea Constituyente considerara estos puntos trascendentales con el fin de mejorar la calidad de vida de los citadinos a través de la reducción de los niveles de informalidad y buscar salarios y prestaciones sociales más decorosos para los trabajadores de la capital de la nación.