Ningún veracruzano, en su sano juicio, puede desear que le vaya mal al gobierno de Miguel Ángel Yunes porque ello implicaría agravar todavía más la crisis financiera y social que dejó la desastrosa administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa; sin embargo corresponderá a la oposición y a la opinión pública vigilar y hacer que todos los actos de Yunes Linares se apeguen estrictamente a la ley, tal como lo prometió el panista en su campaña electoral y lo acaba de jurar también ante el Congreso de Veracruz al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo del estado.     

 Y es que, por ejemplo, salvo algunas honrosas excepciones –como la del diputado Gregorio Murillo Uscanga, del PAN, quien la semana anterior cuestionó públicamente el potencial nombramiento del abogado yunista Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General del Estado, argumentando que el próximo sucesor de Luis Ángel Bravo debía ser autónomo, e instando a sus correligionarios a “actuar de tal manera que dejemos en claro que nosotros haremos las cosas distintas y que la Fiscalía no deberá ser brazo operador de un partido político”–, en el resto del grupo legislativo de Acción Nacional no se han escuchado voces críticas o prudentes que intenten contener posibles extralimitaciones del gobernante, como tampoco se han oído en la bancada de sus aliados del PRD, que juntos con el grupo de los cinco diputados “independientes” provenientes del PRI, PVEM, AVE y PANAL, solamente le representan mayoría simple a Yunes Linares en la LXIV Legislatura local.

 El pasado jueves 1 de diciembre, verbigracia, solamente la diputada panista Maryjose Gamboa protestó por los excesos del aparato de seguridad del gobernador entrante. Pero lo realmente grave es que ni ella y nadie de sus compañeros de bancada reparó en los presuntos actos ilícitos que Yunes Linares habría cometido para la recuperación de 1,250 millones de pesos en bienes confiscados a Duarte a través de sus  prestanombres, lo que presumió ante el Pleno del Congreso del estado y de la cauda de invitados especiales, entre ellos diputados federales, senadores, gobernadores y dirigentes nacionales del PAN y PRD, entre los cuales figuró el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, que como ex procurador capitalino sí conoce de leyes y de sus extralimitaciones.

 Si Yunes Linares no era titular de la Fiscalía General del Estado, un ente constitucionalmente autónomo, y si legalmente aún mantenía estatus de “gobernador electo”, ¿cómo y en qué términos jurídicos negoció con los cómplices de Duarte de Ochoa el resarcimiento del daño patrimonial que ocasionaron al estado? ¿Pactó impunidad?  ¿Los actos y acuerdos tienen certeza jurídica o pueden ser impugnados y anulados?

 Al respecto, el diputado federal y ex candidato de Morena a la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez, criticó precisamente en conferencia de prensa estas “extrafunciones” de Yunes, las cuales calificó de “actos delincuenciales porque sin tener fuero para actuar en materia de justicia, él mismo declara ya que está haciendo investigaciones y sabrá Dios bajo qué métodos está supuestamente encontrando delincuentes.”

 Y es que, por ejemplo, uno de los bienes inmuebles recuperados y que más difusión mediática le dio desde su toma de posesión fue a la incautación de la ex hacienda El Faunito, un predio de seis hectáreas y valuado en más de 200 millones de pesos que se ubica en el municipio de Fortín de las Flores, conurbado a Córdoba.   

 Pero según un aviso colocado en uno de los accesos de este rancho, se evidencia que la cesión de él se habría negociado cuando Yunes Linares ni siquiera era aún candidato formal de la alianza PAN-PRD, pues en el cartel se consigna que “este inmueble es propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz como se acredita con el instrumento público número 27 058, otorgado ante la fe del Notario Público Número 10 de la Décimo Séptima demarcación notarial inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la décima cuarta zona registral bajo el número 8625 de fojas 1 a 2 del tomo 185 de la Sección Primera de fecha 9 de febrero de 2016.” El titular de la Notaría 10 del puerto de Veracruz que certificó esta cesión de derechos es Leopoldo Domínguez Armengual, recién nombrado secretario de Turismo y Cultura del gobierno del estado.

 Otro acto ilegal que estaría por consumar Yunes Linares es el nombramiento del Fiscal General del Estado, para el cual ha perfilado al abogado Jorge Winckler, a quien provisionalmente colocó en la Visitaduría General un día antes de que el ex procurador duartista Luis Ángel Bravo anunciara públicamente su renuncia. 

 El ex dirigente estatal del PRD, Enrique Romero Aquino, y el ex senador perredista Elías Miguel Moreno Brizuela, advirtieron en conferencia de prensa –la cual acusaron que fue boicoteada desde Palacio de Gobierno– que Winckler no cumple con tres elementales requisitos de ley, ya que no tiene los 5 años de experiencia que se exigen como mínimo, pues su cédula profesional la obtuvo hace un año; no es nativo de Veracruz sino de Oaxaca, y tampoco acredita experiencia en el Ministerio Público porque nunca ha ejercido como tal.

 Otro caso que ha sido públicamente muy cuestionado también es el del ex presidente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, cuyo nombramiento como secretario general de Gobierno ha sido impugnado por sus detractores porque presuntamente carecía de título profesional.

 Este domingo circuló en las redes sociales una copia fotostática de su certificado firmado por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara D. Ladrón de Guevara, y por la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, expedido hace 37 días, el pasado 28 de octubre de 2016, en el que acreditan que el alto funcionario yunista presuntamente “cumplió con los requisitos exigidos por la legislación correspondiente”, por lo que se le “expide el título de Licenciado en Derecho”.

 Sin embargo, ante las dudas generadas por su titulación fast track –pues se desconoce si se tituló por promedio o si presentó tesis o examen profesional ante el Ceneval–, sus malquerientes han presentado ante la Plataforma Nacional de Transparencia una solicitud de información, la cual fue aceptada con el folio número 01171516, para que se les proporcionen los datos relativos sobre la carrera cursada por Franco Castán en la UV.