Apuntes.
Manuel Rosete Chávez.
 

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Reestructurar el transporte
2016-12-06

“Con tu aumento cuatro pesos pagas la renta, 


el teléfono, la luz y las deudas del ex gobernador”


Yo


Nosotros lo damos como un hecho porque vimos como lo hizo cuando fue Secretario General de Gobierno y de él dependía la Dirección General de Tránsito y Transporte Público. El gobernador Miguel Angel Yunes Linares ordenará una reestructuración del transporte público, especialmente el de la modalidad de taxis, que tantos millones de pesos le dejaron a los familiares más cercanos a Fidel Herrera Beltrán y, luego, a los de Javier Duarte, pero que provocaron la quiebra generalizada de este modo de autoempleo y dejaron en la ruina a miles de personas que hoy no tienen con qué pagar las letras de los vehículos Tsuru nuevos que les obligaron a adquirir a cambio de darles permisos para circular como taxis.


Las ciudades más importantes del estado, como Xalapa, Veracruz puerto, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos y otras más padecen a diario el caos vehicular que provocan los miles de taxis que se pelean en las calles  por conseguir un pasaje, con el riesgo que esto implica; el de perder la vida en un accidente de tránsito por culpa de los desesperados taxistas.


Vender permisos para taxis, disfrazados de concesiones, fue el gran negocio de la fidelidad, muy parecido al de las notarías que se entregaron a cambio de fuertes sumas de dinero o a cambio de favores políticos o de otra índole.


El meganegocio de los taxis tuvo como primer operador, exitoso porque entregó buenas cuentas millonarias, al joven Silvio Lagos Galindo, quien salió de la dirección jurídica del DIF a la dirigencia estatal de la CNOP, desde donde organizó una banda delincuencial que se encargó de empezar a vender los derechos del transporte de taxis hasta en 200 mil pesos por unidad.


Lagos Galindo se sirvió de un grupo de delincuentes del transporte que se prestaron para formar “agrupaciones de taxistas” que demandaban nuevas concesiones. Diez, veinte, cincuenta, no se sabe cuántas surgieron pero cubrieron todo el estado.


                   Estos pseudolíderes se encargaban de enganchar a los aspirantes a taxistas con la seguridad de que les darían los permisos, y así era. Lagos Galindo entregaba de cincuenta o cien por cabeza, de acuerdo a como estuviera la demanda, para que los mercenarios salieran a las calles a vender la valiosísima mercancía. El costo de cada permiso era de 100 mil para arriba porque en la CNOP al joven Silvio le tenían que entregar cien, ya si los clientes pagaban más eran ganancias que el líder obtenía, y así fue que se cotizaron esos permisos hasta en 200 mil pesos, y se vendían como pan caliente.


Pero, además, el comprador tenía que pagar en Sefiplan 16 mil 500 pesos por derechos vehiculares y adquirir en la Nissan de Tuxpan, en ninguna otra agencia, un auto del año como requisito indispensable. Dicen que esa agencia que se abrió en el norte del estado era propiedad de uno de los hijos de Fidel Herrera, quien se hinchó con la venta masiva de Tsurus.


                   Esta práctica prevaleció después de concluir la administración fidelista aunque a esas alturas ya se había saturado la oferta y los propietarios de los miles y miles de taxis comenzaban a mostrar desesperación ante el brutal desplome del negocio. Fidel dejó en Xalapa, por ejemplo, un poco más de ¡siete mil taxis!, cuando solo había dos mil, más los de las zonas conurbadas como Banderilla, El Castillo, San Andrés Tlalnehuayocan, Las Trancas, otros mil más que se vinieron a engrosar al parque vehicular de taxis de la capital del estado. Hoy, Duarte lo ha dejado en cuando menos ¡catorce mil taxis!, para la capital del estado.


Pero resulta que de esos mercenarios a quien Silvio Lagos habilitó como vendedores de permisos de taxi, muchos se quedaron hasta con treinta; otros que se volvieron flotilleros ambiciosos y voraces fueron los políticos de la fidelidad, sin faltar dos que tres colegas que lograron acumular hasta veinte permisos.


Bueno, pues la reestructuración del transporte público en la modalidad de taxis que el nuevo gobierno podría realizar, por el bien de todos los veracruzanos, en especial de las ciudades donde la saturación del servicio es alarmante porque provoca caos vial permanente y accidentes mortales, es simple: que revisen a los flotilleros y que les retiren todos sus taxis; si acaso, que les dejen uno para que lo trabajen y tengan de qué vivir. Con esta medida se reduciría cuando menos en un 30 por ciento el actual parque vehicular beneficiándose los usuarios, los transeúntes y los taxistas que podrían obtener utilidades cuando menos para pagar la letra del carro y para mantener a sus familias.


Se trata de poner orden, ¿no?... Adelante, pues.  


Documentando nuestro pesimismo


Ahora nos enteramos que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en su delegación de Veracruz, ha beneficiado a familiares de una funcionaria de la dependencia, Shariffe Osman Flores, a través de una red de empresas constructoras a las que ha otorgado contratos millonarios.


Además de estos contratos, la red de empresas de la familia Osman Flores ha ganado numerosos contratos con otras dependencias del gobierno veracruzano mediante adjudicaciones directas y licitaciones por invitación..


Animal Político documentó que en esas licitaciones se simuló una ‘competencia’ entre empresas en las que figuran como dueños, administradores o representantes legales, familiares de la funcionaria Shariffe Osman.


Comencemos por el conflicto de intereses de la funcionaria de la CDI-delegación Veracruz.


Tras su paso como secretaria particular de la alcaldesa de Xalapa, y su candidatura por el PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata en 2013, Shariffe Osman llegó como jefa del departamento administrativo de la CDI-Veracruz el 1 de abril de 2015.


¿Hasta cuándo van a actuar?


El ciudadano común, de todos los estratos sociales, se pregunta: ¿hasta cuándo van a comenzar a actuar nuestras autoridades en contra de la legión de corruptos que se creó a lo largo de doce años y que a diario son denunciados en los medios por sus acciones delincuenciales que les permitieron robar miles de millones de pesos y dejar en la miseria a ocho millones de veracruzanos?


Es denuncia tras denuncia y nada de que se procese a nadie, ni se intente detener a nadie. ¿Dónde anda el arrogante delincuente de nombre Gabriel Deantes Ramos, que con tanta altanería se fue a meter a la Fiscalía dizque para ser procesado y luego a los juzgados de Pacho? ¿Dónde está Carlos Aguirre, Tarek Abdalá, Erick Lagos, Adolfo Mota, Alberto Silva, la señora Gina Domínguez, y tantos corruptos que se supone pisarían los penales veracruzanos apenas se iniciara la nueva administración?.


Tienen razón, a casi ocho días de haber arrancado el nuevo gobierno no hay señales de que se vaya a actuar en contra de esas alimañas, a menos que hayan pactado impunidad a cambio de devolver lo robado, pero de ser así ya tuviera liquidez el gobierno. No hay que desesperarse, Miguel Ángel Yunes Linares es de los políticos que si saben cumplir.


Duarte como pescado enjabonado


Es de risa la información que las autoridades de la PGR nos dan sobre el paradero del señor Javier Duarte de Ochoa, nos dicen que el exgobernador de Veracruz es buscado por los gobiernos de España, Costa Rica y Estados Unidos. A solicitud de México trabajan en pistas para lograr la captura, informó la Procuraduría General de la República (PGR).


El mismísimo procurador Raúl Cervantes indicó que la PGR ha logrado asegurar 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades presuntamente propiedad de Duarte. Durante una declaración a medios que dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el funcionario detalló que la Procuraduría ha tenido reuniones interinstitucionales y solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de España, Costa Rica y Estados Unidos.


Apenas el pasado 30 de noviembre, la PGR dio a conocer que recuperó 421 millones de pesos pertenecientes al exmandatario, los cuales fueron devueltos al gobierno de Veracruz. Y cabe recordar que la madrugada del martes 1 de noviembre, la PGR hizo un simulacro de cateo en el rancho San Francisco, ubicado en Villa Flores, Chiapas, en busca del exgobernador de Veracruz.


Emprendió la búsqueda a raíz de que el padre Alejandro Solalinde publicó en su cuenta de Twitter una imagen satelital de este rancho, indicando que allí se encontraba el priista, quien está prófugo de la justicia. Según Solalinde, el rancho en Chiapas es una de las más de 100 propiedades que tiene Duarte de Ochoa y todas éstas “las conoce el gobierno”


Pero qué creen, llegaron y el matalote ya no estaba, huyó con la velocidad que le caracteriza, como si estuviera en plena acción robando fajos de billetes, como auténtico pescado enjabonado. No, si Javiercito además de atragantado es ágil como una gacela… ¡No manchen!, ya preséntenlo.


Reflexión


Será cierto que en la plática que sostuvo el pasado viernes un selecto grupo de priistas veracruzanos con el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, escucharon de su líder dos revelaciones importantes: la primera, la confirmación de que fueron duartistas los que filtraron a los medios el asunto de su cheque de liquidación en CFE, uno de los secretos mejor guardados, y la segunda, que ya están alistando los documentos de expulsión del PRI de tres diputados federales identificados con Javier Duarte a quienes la PGR solicitará al Congreso juicio de procedencia por su participación en hechos delictivos cometidos en complicidad con Javier Duarte, ellos son: Jorge Carvallo Delfín, Tarek Abdala y Adolfo Mota. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas 

 
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