En este espacio lo señalamos en meses anteriores, Enrique Peña Nieto y su administración habrían sido encubridores de Javier Duarte y su banda de saqueadores, aun cuando algunos afirmaban que no, pero era imposible comprender, como una administración tan señalada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) no tuviera sanciones, no hubiera nadie tras las rejas y mucho menos se detuviera el descomunal daño económico y social que sufría el estado.
La respuesta llegó, como llegó la caída del ahora reo, gracias a un trabajo de investigación periodística que permitió a las autoridades, contar con los primeros elementos para poder sancionarle y abrirle las investigaciones con las que siempre caen los responsables de cualquier tipo de acto que atenta contra el gobierno, son procesados, siguiendo el rastro del dinero.
Así cayeron en su momento los más grandes hampones y mafiosos del mundo, siguiendo la ruta del dinero.
De nueva cuenta, el portal Animal Político, destapa la cloaca, abre la caja de Pandora y de ella, preparémonos para dejar salir a los demonios, bajo el título de “La Estafa Maestra” se devela, como el gobierno federal empleo el mismo modelo Duartista para desviar recursos, solo que, con la salvedad de que, en este gran saqueo, el método empleado es por mucho, más sofisticado que el utilizado en Veracruz.
El escándalo confirma que 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, fueron desviados gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Según refiere el trabajo publicado en la Internet por este portal con la colaboración de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.
Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador electo del Estado de México— al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.
También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
En este mega escándalo, que exhibe que Duarte y sus secuaces eran niños de párvulos, se afirma que Universidades Públicas se habrían beneficiado de la triangulación en la designación de los referidos contratos por consigna.
Estos centros de educación superior a los que se refiere la investigación son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
Según se pudo conocer, este procedimiento se vino empleando desde 2010. Al menos, la información recabada mediante solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal habría firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
La pregunta aquí es ¿Cuántos millones de ese monto fueron realmente desviados?
Aun cuando la investigación de Animal Político y MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados, se podría suponer que el modus operandi habría logrado aglutinar a muchas más dependencias y empresas.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. Según refieren Animal Político y MCCI, tras seis meses de corroborar los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados, se pudo develar el gran velo de la Estafa Maestra.
Si con el tema de Odebrecht que involucra directamente al presidente Enrique Peña Nieto y a sus ex funcionarios, no se logró aun llegar al fondo del asunto, este nuevo frente, producirá un gran cisma al interior del Sistema, pues la cercanía del proceso electoral del 2018 y la posibilidad de que se dé la alternancia, provocarán el escenario ideal para la llegada de castigos ejemplares que permitan a la sociedad encontrar respuesta de las instituciones en las que hoy ya no confían.
Al tiempo.
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