Posteriormente, la crisis financiera de 2008 tuvo efectos significativos en las economías de los países desarrollados y produjo una reducción del flujo y el número de migrantes latinoamericanos a varios de estos países. Simultáneamente se inició una importante tendencia al retorno que, en el caso de México, se tradujo, en solo unos pocos años, en un saldo neto negativo de la migración a Estados Unidos.
Una parte de estos flujos migratorios se reorientó hacia destinos internos de la región y solo recientemente se ha recuperado la tendencia emigratoria extra regional. Otra de las particularidades de la región radica en que algunos países son receptores netos de migración, principalmente de migración intrarregional.
Diversos factores explican el incremento de la movilidad intrarregional: políticas restrictivas de ingreso y acceso a la residencia en países desarrollados, crisis económicas en Estados Unidos y Europa, así como más oportunidades laborales y marcos normativos menos restrictivos en la región.
La estimación de las Naciones Unidas para el presente quinquenio indica que la tasa de migración neta de la región Latinoamericana y del Caribe, es de -0.5, por cada 1.000 habitantes, lo que significa que prevalece la emigración. El Caribe es la región más expulsora de población, con una tasa de -2.8 cada 1.000, mientras que Centroamérica y América del Sur presentan tasas de -0.7 y -0.2, respectivamente.
En cuanto al volumen, se estima que, para el quinquenio 2015-2020, el saldo migratorio negativo será de más de 1.6 millones de personas, de los cuales 600.000 serían correspondientes al Caribe, 600.000 a Centroamérica y 450.000 a América del Sur.
El número de latinoamericanos que viven en Estados Unidos, en Europa y en países de América Latina y el Caribe, distintos de los de su nacimiento continúa siendo muy grande, como se desprende de la proporción de población emigrada de los países de la región con respecto a la población residente en ellos.
Según datos de la División de Población de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2017), en 2015 había más de 30 millones de latinoamericanos y caribeños viviendo fuera de su país: 1 de cada 3 caribeños, 1 de cada 10 centroamericanos y 1 de cada 40 sudamericanos.
La migración de grandes volúmenes de población suele modificar el tamaño de las poblaciones de origen y destino, al menos en el nivel local, y afectar la estructura por edad, generalmente a través del descenso de la población económicamente activa, lo que puede repercutir en la duración del bono demográfico de los países tanto de origen como de destino.
Entre los efectos económicos de la migración, destacan el aporte de las remesas de los emigrantes a las comunidades de origen, el papel de los emigrados y retornados en la incorporación de capacidades empresariales y tecnologías, y la contribución a la reproducción social y económica de las sociedades de los países receptores.
Ante este escenario, las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, desempeñan un papel clave dado que pueden establecer sinergias con el quehacer gubernamental en cada espacio nacional y en sus agrupaciones regionales y subregionales, en materia de la defensa de las personas migrantes.
En México, la capacidad de incursión política de las Organizaciones de la Sociedad Civil, ha cobrado relevancia generando espacios de incidencia en la política migratoria mexicana, redundando en instancias ciudadanas de las entidades gubernamentales.
La cuestión migratoria ha devenido en uno de los temas de interés centrales de la región Latinoamericana; un fenómeno creciente en el que todos los países, sin excepción, enfrentan enormes desafíos. La actuación conjunta del gobierno y las OSC, constituye apenas un paliativo en la atención de este lacerante problema, que por su dimensión requerirá de acuerdos graduales y de gran calado entre países emisores y receptores de corrientes migratorias.
(*)El autor es un reconocido Economista mexicano, ex presidente del Colegio Nacional de Economistas.
@acanovelez
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