Luego del fulminante cese, a principios de junio, de Felipe Vázquez Muñoz como titular de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República –un incondicional de Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico presidencial y uno de los hombres más poderosos en el primer círculo del ex mandatario priista Enrique Peña Nieto–, en Veracruz se esperaba que corriera la misma suerte Miguel Ángel Vega García, quien durante ese mismo sexenio estuvo a cargo del Órgano Interno de Control de la SEDESOL y de la SEDATU al lado de Rosario Robles, y quien desde febrero pasado viene despachando como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado en el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez.

La deducción tenía lógica porque días antes, en una de sus conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional, al preguntársele que si algunos ex funcionarios implicados en el megafraude imputado a la administración de Robles Berlanga en ambas dependencias federales podrían colaborar en su régimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió tajante que “a quienes estén involucrados en esto de la ‘Estafa Maestra’ no tienen por qué trabajar en este gobierno.”

En Veracruz, sin embargo, sus aliados políticos desoyeron al líder de la Cuarta Transformación.

Quizá se confiaron porque en los siguientes dos meses todo parecía indicar que se daría carpetazo a este escandaloso caso de corrupción tras los amparos obtenidos por algunos ex funcionarios menores implicados.

Sin embargo, a principios de mayo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero salió a declarar que la FGR había decidido reestructurar la investigación de la llamada “Estafa Maestra” por considerarla una maquinación orquestada desde el poder público, puntualizando que la indagatoria ahora sería planteada por delitos de Estado y delincuencia organizada.

“La Fiscalía General de la República está reestructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la Nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”, dijo entonces el titular de la FGR, quien recordó que este caso se inició en la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) en octubre de 2015, acumulando 21 investigaciones independientes unas de otras, relacionadas con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social; dos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otras de dirigentes de universidades públicas.

Este martes, a través de un escrito difundido en su cuenta de Twitter, Rosario Robles confirmó que fue citada a comparecer el 8 de agosto próximo ante un Juzgado federal para que responda a la acusación que le hace la FGR por ejercicio indebido del servicio público. Inclusive trascendió que la ex titular de la SEDESOL y de la SEDATU no sólo interpuso de inmediato una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido librada en su contra a solicitud de la FGR por el caso de la Estafa Maestra, sino que además su abogado defensor Julio Hernández Barros estaba por presentar también este mismo día a un juez de control del Reclusorio Sur un recurso de revocación contra el citatorio para la audiencia de imputación, con el propósito de que ésta sea aplazada y tengan acceso al expediente. 

Cuestionado al respecto en su conferencia de la mañana, el presidente López Obrador reiteró que no solaparán actos de corrupción y que tampoco habrá impunidad.

¿Llegarán hasta el principal encubridor de la Estafa Maestra, actualmente protegido en la Contraloría General del Gobierno de Veracruz?