Hasta el momento mucho se ha comentado y (seguramente) ya debe Usted tener su postura marcada respecto al tema de la extinción de 13 de 14 fideicomisos en el Poder Judicial. 

Por un lado, el Poder Judicial afirma que al quitar los fideicomisos se dejarían de financiar pensiones, prestaciones y apoyos médicos complementarios, cosa que el gobierno de México asegura que no es así, pues los fideicomisos lejos de disminuir, han ido creciendo año con año. 

Así, los Fideicomisos a saber en el Poder Judicial y su monto autorizado para el año pasado, 2022, son:  

- Pensiones complementarias para Mandos Superiores, 789 mdp; 

- Pensiones complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo, 2,815 mdp; 

- Plan de Prestaciones Médicas, 137 mdp; 

- Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD’s y Otros Proyectos, 357 mdp; 

- Remanentes Presupuestales, 1,311 mdp; 

- Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, 688 mdp; 

- Pensiones complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados, 4,504 mdp; 

- Mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces, 68 mdp; 

- Apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario, 66 mdp; 

- Desarrollo de Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 4,197 mdp; 

- Apoyo a la Administración de Justicia, 5,564 mdp; 

- Recursos provenientes de Sentencias que Deriven de las Acciones Colectivas Difusas, 1.01 mdp.

El gobierno afirma que los recursos de dichos fideicomisos no se utilizan porque el Presupuesto de Egresos que solicita cada año el Poder Judicial ya contempla recursos etiquetados para los mismos fines, por lo que asegura que existe duplicidad. 

Adicionalmente, afirma el Gobierno de México que una vez aprobada la reforma, el Poder Judicial deberá extinguir los fideicomisos en un plazo de 120 días hábiles (5 meses), y reintegrar lo recursos disponibles a la Tesorería de la Federación. 

Así mismo, los recursos se destinarán al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; por ejemplo, para entregar 2 millones de becas a niños y niñas y de escasos recursos a nivel primaria, o para que las entidades federativas lo destinen a la rehabilitación de caminos, puentes y carreteras, a la construcción de plantas de tratamiento de agua potable, u otras obras que beneficien a las comunidades necesitadas.