Hay legisladores “levantadedos” que con el paso del tiempo son expuestos por aprobar leyes sin leerlas ni entenderlas, bajo la consigna de no mover ni una sola coma a las iniciativas que les son enviadas desde el Poder Ejecutivo. 

Se tiene que remarcar que no solo les pasa a los legisladores federales y estatales del partido político en el Poder en turno, sino también los que en su momento han sido de oposición, sobre todo en temas de violencia política en razón de género, quienes por intentar ser “políticamente correctos” o evitar ser señalados de “misóginos”, han aprobado leyes cuyas “letras chiquitas” han abierto la puerta para que los métodos de la “Santa inquisición” funcionen de nuevo. 

Hay que tomar muy en serio lo que comenta, por ejemplo, el periodista Luis Ramírez Baqueiro, quien también funge como Presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), quien señaló que “En un solo caso se ha denunciado al menos a nueve comunicadores por presunta violencia política de género… Lo que revela un uso desproporcionado de dicha figura jurídica, sin que necesariamente exista sustento legal”. 

El problema es que por la falta de criterios homogéneos, cada juez interpreta según convenga la Ley para en muchos casos perjudicar la libertad de expresión, más no para hacer justicia. 

El llamado de Luis Ramírez Baqueiro al Congreso local es sensato. Hay que establecer límites claros sobre el uso de la figura de Violencia Política en Razón de Género, con el fin de evitar abusos. Así mismo, el Presidente de la CEAPP, pidió a las autoridades electorales emitir lineamientos más específicos y con mayor sensibilidad al ejercicio periodístico. 

Toda la razón tiene Ramírez Baqueiro al no respaldar el uso de denuncias judiciales para silenciar a la prensa, pues indicó que el periodismo tiene la función de señalar tanto los aciertos como los errores del poder público, por lo que no debe ser criminalizado.