¿Y a cuenta de qué se premian con millonarias ‘cortesías a funcionarios y legisladores mexicanos?

Lo peor es que todos los quebrantos por corrupción y la ordeña ilegal de ductos se pagan directamente de los impuestos que los mexicanos producen o están en nóminas.

Aunque el tema de la corrupción en PEMEX no es nueva, ni se ha dejado de denunciar públicamente, no dejó de llamar la atención la información dada a conocer por la Agencia EFE, en la que se señala que “el Departamento de Justicia de EE.UU., reveló este lunes que dos ciudadanos mexicanos fueron acusados de presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos lucrativos”.

Se trata según la nota de “Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, presuntamente conspiraron para pagar al menos 150.000 dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP)”.

Los dos mexicanos enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos por violaciones sustanciales de la FCPA.

Sin embargo, según la nota “De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo”.

El tema es ¿qué harán al respecto las autoridades mexicanas que tienen que ver con esos delitos, que como muchos saben es este tipo de tráfico de influencias y conspiraciones desde dónde ses tienden las redes de la corrupción? 

Con total seguridad se entiende que los dos mencionados no actuaron solos. México tiene la obligación de solicitar a Estados Unidos información del tema y sobre todo investigar a fondo sobre más operaciones de soborno con empresas sobre todo radicadas en Tabasco, según se sabe ahora por investigaciones periodistas en el país.

Por lo que se ve, este tema trae mucho más cola de la aprecia a simple vista y podría ser motivo de la caída de muchos, pero muchos funcionarios ligados a grandes y millonarios contratos no solo en PEMEX, sino en la CFE, CONAGUA y la SICT.

Pero tambien da pie a que investiguen a fondo cómo es que grandes empresarios premian a legisladores a eventos carísimos como ‘cortesía’ y a cuenta de qué. Hay motivos públicos suficientes como para que los conocidos beneficiarios comparezcan ante las autoridades para que se esclarezcan los motivos y qué dieron a cambio o a qué se comprometieron.

¡Será que ahora sí!