Quizá usted se pregunte por qué a los poderosos les interesa tanto quién o quiénes llegan a cargos públicos, tanto en México como en cualquier otro país. 

Los dueños del dinero no solo apuestan y le invierten a los candidatos con mayores posibilidades de triunfo, le apuestan a todos; a todos les dan su cacherita para que en caso de ganar espacios en el Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), estos les sean “agradecidos” con sus determinaciones. No pierde vigencia lo que señaló Carlos Ahumada “El señor de las ligas”, quien dijo “No conozco a un solo candidato, que aun perdiendo, salga más pobre”.  

Un ejemplo popular es la forma en que desde el Poder Judicial y el Ejecutivo se le permitió al empresario Ricardo Salinas Pliego que durante años no pagara los impuestos que por ley le correspondía. 

Son los poderosos tapándose desde tiempos inmemoriales, y los ejemplos ha habido, hay y seguramente seguirá habiendo. 

Por eso es que ahora que está en boga el tema del “Huachicol Fiscal”, es que es importante preguntarse, ¿Desde cuándo se ha permitido el huachicoleo fiscal? ¿Es un delito nuevo o es un delito continuado? ¿Desde cuándo han estado ordeñando las arcas nacionales por esta vía? 

Y es que pareciera que porque la palabra “huachicol” está recientemente viralizada, es un delito nuevo, inventado por la 4T, pero no. Apenas se ha visibilizado, que no es lo mismo. 

Pero no solo existe el huachicoleo de combustibles, el huachicoleo fiscal (ahora a casi cualquier tipo de robo continuado se le llama huachicol), también existe uno que tiene años, sino es que hasta siglos, de existencia.  

Hace unos días el diario El Universal informa que la CONAGUA ha detectado 52 mil títulos de concesiones que no usan el agua para los fines que les fueron entregados. 

Se trata de permisos agrícolas que se usan de forma irregular para desviar el recurso hídrico a desarrollos inmobiliarios, campos de golf o hasta balnearios. 

Es decir, hay saqueo y fraude con el uso del agua que bien podría considerarse “huachicol del agua”. 

Tal vez el caso más sonado fue el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que hasta presas hizo para desviar el agua hacia sus propiedades. 

A la fecha, derivado de las revisiones que se han hecho desde el sexenio pasado, se han clausurado 256 pozos ilegales que abastecían pipas para venderla a colonias populares. En la nota de El Universal, se comenta que de acuerdo a funcionarios de la CONAGUA, se han recuperado más de 4 millones de metros cúbicos de agua a través de procedimientos administrativos, devoluciones voluntarias y el programa de tecnificación de riego. 

Entonces, no es que sea un negocio ilícito nuevo, ha existido y, desafortunadamente, es muy probable que continue existiendo. Pero cuando se sabe de esos negocios es solo cuando se les cae en la maroma, cuando no los sancionan, ni cuenta se da el pueblo. 

¿Será por eso el furioso ataque mediático que existe en contra del gobierno?