En los cafés políticos corrió temprano una versión: que 47 municipios habrían rechazado la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle para liberar a los ayuntamientos de la pesada herencia financiera derivada de la bursatilización de la tenencia vehicular

Pero conforme avanzó la conversación apareció otro dato: hasta esta mañana ya habrían llegado al Congreso 151 cartas de cabildos manifestando su adhesión al esquema y además se comentó que varios cabildos solicitaron tiempo adicional para cumplir los procedimientos internos correspondientes.

Y ahí cambió la lectura.

Porque si el dato y la cifra se confirman, el tema ya no parece ser un rechazo político masivo, sino un proceso administrativo que varios ayuntamientos aún no concluyen. Entre los municipios pendientes aparecen gobiernos de Morena, PVEM, PT, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que no existen elementos para sostener que se trate de una resistencia partidista organizada.

Lo relevante es que en este caso la operación financiera no admite medias tintas: para que la renegociación prospere deben participar todos los municipios involucrados en el esquema original de bursatilización.

Por eso la pregunta ya no es quién dijo no. La pregunta es quién falta por decir sí.

Y ahí está la presión política real. Porque si la propuesta termina representando un alivio financiero para los ayuntamientos y mayores recursos para obras y servicios, serán los propios ciudadanos quienes pregunten a sus autoridades locales por qué decidieron quedarse fuera.

En Veracruz, los discursos pesan. Pero cuando se trata de deudas, los números suelen pesar mucho más.

Por ello, los canillazos o lecheros se guardan para ver el final de la película.