Llaman la atención los datos dados a conocer esta semana por la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre: del 19 al 25 de mayo se lograron 206 vinculaciones a proceso por diversos delitos en distintas regiones de Veracruz.

No se trata de una cifra menor. Significa que más de dos centenas de casos superaron una primera revisión judicial y contaron con elementos suficientes para continuar su curso legal, que abarcan delitos de alto impacto y se distribuyen prácticamente en todas las regiones del estado: norte, centro y sur.

Desde luego, una vinculación a proceso no equivale a una sentencia. Tampoco significa que los problemas de seguridad estén resueltos. Pero sí representa algo que durante años fue una de las principales exigencias ciudadanas: que las investigaciones no se queden únicamente en la denuncia o la detención mediática.

En seguridad no basta con detener, hay que acreditar, integrar carpetas y convencer a un juez, y algo que da confianza es cuando la Fiscal habla de carpetas de investigación sólidas y que van por buen camino. Y es que si de algo sabe la fiscal Aurelia Jiménez es de eso por su experiencia en el papel de jueza.

Y cuando las cifras de judicialización comienzan a crecer de manera sostenida, aparece una pregunta inevitable: ¿estamos viendo únicamente más trabajo de la Fiscalía o también una coordinación más efectiva entre Veracruz y las autoridades federales?

Los próximos meses darán la respuesta. Pero, al menos en este indicador, los números empiezan a moverse en una dirección que vale la pena observar. Algo notable es que hoy la Fiscalía General se mueve al ritmo que busca la gobernadora Rocío Nahle.