En seguimiento al tema de los despojos de viviendas y propiedades denunciados en la Ciudad de México, Veracruz y otras entidades, ayer aquí mismo se retomó una reflexión surgida en los cafés políticos de la capital veracruzana: estos fraudes difícilmente podrían consumarse sin complicidades dentro de las propias estructuras de gobierno, de notarías o de los registros públicos.

Cuando se habla de un "cártel inmobiliario" no se trata de un grupo criminal tradicional. Se trata de redes donde pueden coincidir falsificadores, abogados, notarios, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, personal catastral, actuarios, jueces, policías, agentes municipales, jefes de manzana y hasta gestores.

El despojo casi nunca empieza con violencia. Empieza con un expediente, una firma, un sello o un trámite aparentemente legal.

Por eso combatir estas redes exige mucho más que detener a una persona. Significa romper toda la cadena de complicidades.

En Veracruz ya existen señales de que se quiere enfrentar el problema: auditorías, investigaciones y algunas detenciones de funcionarios vinculados con estos esquemas. Pero ir realmente al fondo implica depurar procedimientos, fortalecer los controles, aplicar exámenes de confianza y, si es necesario, revisar expedientes del pasado.

Porque el problema no nació ayer.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma:

¿Habrá voluntad para limpiar toda la cadena, aunque eso implique investigar hacia dentro del propio gobierno?