El caso vuelve a sacudir la política nacional.

La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien investiga por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en 2014.

Más allá de la responsabilidad penal que deberá determinar un juez, el mensaje político es contundente: uno de los expedientes más dolorosos del país sigue abierto y continúa alcanzando a exfuncionarios de alto nivel.

La gran pregunta es si esta detención marcará un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia; o será sólo otro episodio de un caso que México se niega a cerrar.

¡Nombres, los hay! Como para que el caso quede cerrado a satisfacción, pero ¿las autoridades ejecutivas y judiciales estarán dispuestas a llegar al fondo del asunto?

Veremos si ocurre, y si en realidad ocurre, como suelen preguntar los clásicos politólogos.