Una cosa es que la corrupción exista y otra muy distinta que la impunidad tenga la última palabra.

Un tribunal federal confirmó que la FGR podrá utilizar 15 pruebas contra los empresarios René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz, señalados por una operación que involucra 800 millones de pesos presuntamente utilizados de manera ilegal de la tesorería de Segalmex.

La defensa intentó sacar del expediente siete testimonios, siete documentos oficiales y un peritaje. No lo consiguió.

El dato importa porque el caso Segalmex no solamente alcanza a funcionarios públicos: también apunta al sector privado. Es decir, podría haber corruptos… y corruptores.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿cuántos empresarios pudieron participar en operaciones similares cuando el dinero público se convirtió en botín?

Porque si Segalmex abre esa puerta, ¿quién podría asegurar que mecanismos parecidos no fueron utilizados antes, incluso en los tiempos de CONASUPO?

No se trata de acusar sin pruebas. Se trata de preguntar y, sobre todo, de que la FGR investigue y llegue a fondos más oscuros.

Porque para combatir la corrupción no basta con detener al que recibe el dinero. También hay que llegar al que lo ofrece, lo mueve o encuentra la manera de sacarlo de las arcas públicas.

Es decir, Segalmex vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende este expediente: ¿hasta dónde llegó la red de corrupción y quiénes, además de funcionarios, se beneficiaron de ella? Y una más incómoda: ¿existen antecedentes similares en la vieja CONASUPO que nunca fueron esclarecidos?

Porque ahí está precisamente lo que el pueblo exige: saber hasta dónde llegará la justicia y a quiénes alcanzará y, ya metidos en las chanclas, qué tuvo que ver el exdirector Ignacio Ovalle en todo ese lío que calentó tanto en el sexenio de AMLO.