En las mesas de análisis de café de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se recuerda que el problema público conocido como “Cártel Inmobiliario” cobró relevancia nacional cuando las autoridades de la Ciudad de México expusieron sus primeras redes de operación.

En aquel entonces se dieron a conocer algunos nombres, entre los que salió a relucir el de Xóchitl Gálvez, ex aspirante panista a la Presidencia de la República, debido a su gestión como Jefa en la Miguel Hidalgo durante 2015-21018.

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Las acusaciones que se hicieron públicas en contra de Xóchitl Gálvez fueron por autorizar permisos de construcción para desarrollos como “One Marina Park” y “Distrito Polanco”, y en los que, a cambio, empresas de su propiedad y de su familia habrían recibido contratos de proveeduría millonarios por parte de los desarrolladores. Incluso se habló de que la propia Xóchitl Gálvez vivía en una casa edificada bajo supuestas irregularidades normativas y vinculada a este esquema. 

Aquel antecedente nacional visibilizó un esquema que en Veracruz ha dejado de ser un tema velado para convertirse en objeto de acción penal directa.

El modus operandi de las redes de despojo

Las investigaciones y los casos procesados revelan que este tipo de ilícitos no opera de forma aislada, sino mediante complicidades estructurales.

La dinámica criminal suele pasar desapercibida hasta que las víctimas detectan el despojo de sus propiedades, ejecutado mediante juicios civiles simulados y documentación apócrifa.

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Sanción a la complicidad: La respuesta institucional ha derivado en la recuperación de propiedades y la aplicación de medidas cautelares a involucrados en la red.

Cifra de procesados: La Fiscalía General del Estado ha logrado la vinculación a proceso y prisión preventiva de 9 personas vinculadas a estos esquemas fraudulentos.

Procesamientos y fedatarios implicados

El desglose de los presuntos responsables presentados ante los jueces de control abarca a operadores jurídicos y fedatarios de la zona centro del estado:

Abogados procesados (6): Zain Aleef “N”, José Alfredo “N”, Salvador “N”, Miguel Isaac “N”, Pedro Damián “N” y José Miguel “N”.

Notarios públicos (3): José “N” (Fortín de las Flores), así como Ernesto “N” y Carlos “N” (Córdoba).

El avance en estos casos confirma que el ilícito ya no se oculta ni se tolera. La respuesta jurídica rompe la noción del "delito perfecto" para quienes lucraron con el patrimonio de las familias veracruzanas.

(COLUMNA "FIGURAS Y FIGURONES")