Nuevamente, como ya es su estrategia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a la Ciudad de México para bloquear y manifestarse en las afueras de Palacio Nacional.

La manifestación de este lunes 21 de septiembre obligó a que la Conferencia del Pueblo se llevara a cabo sin la presencia de reporteros, quienes, junto con integrantes del gabinete federal, tuvieron que enlazarse de manera remota vía Zoom.

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Las demandas del magisterio y la postura oficial

Sin embargo, y pese al bloqueo, la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene en su política y aclaró que no se reprimiría la manifestación de la CNTE, al tiempo que hizo hincapié en que la educación pública se mantiene como el “corazón de la transformación” de su administración.

La CNTE aprieta al gobierno federal en el marco de la discusión del presupuesto con exigencias pendientes:

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  Demandas económicas: Exigen un incremento sustancial al presupuesto educativo y un aumento del 100% al salario base, argumentando que las alzas previas han sido diluidas por la inflación.

  
  


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  Mesas de diálogo y basificación: Solicitan mesas con funcionarios de alto nivel, avanzar en la basificación de docentes rezagados y homologar prestaciones regionales como el aguinaldo.

  
  


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  Seguridad social y pensiones: Exigen la abrogación total de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, regresar a un sistema solidario de pensiones y que los retiros vuelvan a calcularse con base en Salarios Mínimos en lugar de Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

  
  

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El fondo del conflicto: ¿Quién controlará las plazas?

En el plano laboral, la CNTE demanda modificar el método de evaluación (USICAMM), que el sistema docente no se rija bajo el artículo 3° Constitucional y se traslade al artículo 123, solicitando además el regreso de las comisiones mixtas (sindicato-gobierno) para la asignación de plazas.

Por su parte, las autoridades sostienen que la relación debe ser de respeto, recordando logros como más de 200,000 basificaciones, pero advierten que no cederán a presiones políticas que afecten el derecho a la educación.

Aunque el gobierno aceptó la desaparición total de la USICAMM, la alternativa propuesta por la SEP es una ruta de trabajo con consultas escuela por escuela y voto secreto del magisterio para redactar una ley transparente. Lo que está detrás de la exigencia sindical es recuperar el control discrecional en la asignación de plazas, un modelo del pasado que derivó en la corrupción y discrecionalidad que afectó a los propios docentes.