Los ejemplos en la historia obligaban a legislar en el país por algo que blinde al país de intereses personales, y la reforma ya camina a pesar de la fuerte oposición que añora el poder.

La reforma que busca exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de CDMX. Sus defensores hablan de soberanía; sus críticos, de exclusión política. Ha la fecha los primeros llevan mano, tanto en Congresos como en la calle.

En Veracruz, Morena y los partidos aliados respaldaron la minuta; PAN, MC y PRI expresaron objeciones. El debate va más allá de los pasaportes: ¿tener otra nacionalidad significa menor compromiso con México o restringe el derecho a ser votado sin demostrar una amenaza real? O también otra ruda vertiente ¡asegurar que algún mandatario corra a refugiarse en su otro país, para no ser juzgado en el país que gobernó!

La lealtad se demuestra con los actos, pero la reforma plantea nuevos requisitos constitucionales. ¿Protección de la soberanía o candado a la participación con blindaje de otro país?

Pero ojo, la aprobación del Congreso de Veracruz no significa, por sí sola, que la reforma ya esté vigente. Es parte del proceso de una Reforma Constitucional, que requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales y los pasos constitucionales posteriores. Por eso, aquí conviene hablar de una reforma aprobada por el Congreso local, no de una regla ya aplicada a candidaturas.

Y como para que no se olvide, así fue la postura de las fuerzas políticas:

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Paul Martínez Marie. ¡A favor!

Del Grupo Legislativo del PVEM-Veracruz, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. ¡A favor!

De la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román. ¡En contra!

Por el Partido Movimiento Ciudadano, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada. ¡En contra!

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar. ¡En contra!

La legisladora Montserrat Ortega Ruiz y el diputado Héctor Yunes Landa. ¡En contra!

Los Congresos de las demás Entidades Federativas aún tienen la palabra.