Opinión: el Ayuntamiento de Veracruz denunció a Grupo MAS ante la Fiscalía por pagos por 176.7 millones de pesos y una cartera de 2 mil 660 millones. La columna señala que la denuncia no prueba culpabilidades, pero exige que se investigue.

DURANTE AÑOS, EL SERVICIO de agua en Veracruz ha sido motivo de inconformidad ciudadana. Ahora, el Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por Rosa María Hernández Espejo, llevó el conflicto a otra instancia: la denuncia ante la Fiscalía contra Grupo MAS, la concesionaria del agua.

EL TEMA IMPORTA no tanto porque la denuncia sea una condena judicial anticipada (esa ya la han dado los sufridos usuarios), sino porque coloca el asunto donde de verdad importa: en la responsabilidad pública de vigilar una concesión, la transparencia de las cuentas y el derecho de las familias a recibir un servicio adecuado.

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AHÍ DESTACA LA ACCIÓN de la alcaldesa Hernández Espejo, pues no estaba en el vocabulario de gobiernos anteriores el escuchar al pueblo.

Qué se pide investigar a Grupo MAS: pagos, sueldos y una cartera de 2 mil 660 millones

LA DENUNCIA PIDE investigar presuntos hechos concretos:

• Pagos por 176.7 millones de pesos durante 2024 y 2025 a empresas vinculadas con la empresa española ACCIONA.

• Sueldos anuales de hasta 5.8 millones de pesos entre sus directivos.

• Una cartera de 2 mil 660 millones de pesos que la concesionaria habría pretendido cobrar a más de 82 mil familias, la cual el Instituto Metropolitano del Agua rechazó por inconsistencias y falta de documentación suficiente.

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DE ESE MONTO, MÁS de 656 millones de pesos correspondían a “consumos no facturados”, además de que se detectaron cuentas con problemas de antigüedad, prescripción y recargos. Por eso se solicitó investigar cómo se integraron esas cantidades, quiénes las autorizaron y con qué sustento se pretendía cobrarlas.

Una concesión privada no es carta blanca

LO IMPORTANTE ES QUE la Fiscalía llegue al fondo, pues así se evitarían satanizaciones a la inversión privada. Desde un principio se comentó que las concesiones fueron otorgadas por intereses desde Palacio de Gobierno y no por eficiencia empresarial; por eso debe quedar claro que una concesión privada no significa carta blanca. El servicio debe funcionar, las cuentas deben aclararse y los derechos de los usuarios deben respetarse.

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Y SI BIEN LA DENUNCIA no demuestra culpabilidades, la Fiscalía tiene el deber de investigar y deslindar responsabilidades. De no hacerlo, se podría caer en algo que tampoco funcionaba del todo bien: prestar el servicio público del agua por administración.

EL AGUA PUEDE CONCESIONARSE, pero la obligación de vigilar el servicio y defender el interés público no se entrega a nadie. Ahí es donde Rosa María Hernández Espejo demuestra que conoce su responsabilidad y la ejerce sin miramientos ni temblores de nudillos.

(COLUMNA "FIGURAS Y FIGURONES")