La Ley del Agua en México se está utilizando actualmente como una «bandera política», generando un intenso debate y división entre los diferentes partidos y sectores involucrados.
Diversas fuentes de noticias y declaraciones de políticos confirman que existe un fuerte componente político en la discusión de la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, con acusaciones mutuas de oportunismo político-electoral, especialmente en el contexto de las próximas elecciones.

Estos miércoles agricultores, provenientes de estados como Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato, protestan por la iniciativa de Ley de Aguas que se discute en la Cámara de Diputados, argumentando que podría afectar sus derechos y el acceso al agua. Algunos manifestantes incluso han expresado preocupación de que la ley propuesta los «convierte en criminales».
La protesta incluye una «Gran Caravana de Tractores por el Agua», con decenas de vehículos agrícolas que han llegado y se han estacionado en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro, generando bloqueos en las calles circundantes.
Los productores en sus demandas exigen que se tome en cuenta su opinión para las nuevas leyes y buscan entregar un pliego petitorio a los diputados.
Oficialismo (Morena y aliados): Argumentan que la iniciativa busca garantizar el derecho humano al agua, recuperar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales y evitar su mercantilización, un acto que consideran de «justicia ambiental, social y constitucional» largamente postergado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado esta reforma, que actualmente avanza en la Cámara de Diputados.
Oposición (PAN, PRI y otros): Han expresado su rechazo a la propuesta, calificándola de «lobo con piel de oveja» y pidiendo que se frene la discusión para abrir un diálogo real con todos los sectores, especialmente los productores agrícolas. Acusan al partido en el poder de buscar el control político-electoral de los productores del campo y centralizar el poder en la CONAGUA, lo que podría generar corrupción e ineficacia.
Se respetan las concesiones existentes. Todas las concesiones de agua otorgadas legalmente antes de las reformas propuestas se respetarán en los mismos términos en que fueron expedidas.
Las concesiones se pueden heredar o vender. Los títulos de concesión asociados a una propiedad (agrícola, ganadera, etc.) pueden heredarse o transferirse al vender la propiedad, aunque la Conagua debe emitir un nuevo título bajo reglas claras para evitar la corrupción y el acaparamiento.
Busca combatir el acaparamiento y el mercado negro. Un objetivo central de las reformas es regular el uso efectivo del volumen concesionado, combatir la sobreexplotación y frenar el mercado negro del agua, no afectar a los usuarios legítimos.
La gestión del agua es pública o comunitaria. Se prohíbe toda forma de privatización del agua, y su gestión recae exclusivamente en el ámbito público o comunitario.
Es falso que el gobierno federal pueda quitar el agua de forma arbitraria. La Ley General de Aguas no permite que la autoridad retire o limite el acceso al agua a las personas, ejidos o comunidades de manera arbitraria. Cualquier afectación a un derecho inscrito requeriría un proceso legal y audiencia previa.
También es falso que el agua sea una mercancía. La ley refuerza que el agua no puede ser objeto de comercio o acuerdos comerciales privados, ya que es un bien estratégico de la nación.
No es verdad que no se puedan heredar las concesiones. Este es uno de los mitos más comunes; las concesiones sí son transferibles junto con la propiedad de la tierra, siempre y cuando se notifique y regularice ante la Conagua.
Es mentira que se eliminen los títulos de concesión por completo. El sistema de concesiones se mantiene, y la Conagua no está autorizada a eliminar unilateralmente los títulos existentes para dar permisos temporales.
Otra falsa versión es que se criminalice a los agricultores. Las sanciones y multas propuestas están dirigidas específicamente a los acaparadores y a quienes cometen abusos, no al pequeño agricultor o ejidatario que hace un uso legítimo del recurso.
Pues bueno, este miércoles se aprobó el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados de México y ahora pasará al Pleno para su votación final.
La aprobación en comisiones se logró con la mayoría de votos de Morena y sus aliados (PT y PVEM), mientras que la oposición (PAN, PRI y MC) votó en contra. Se espera que el dictamen sea discutido y votado en el Pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días.
Puntos clave de la iniciativa:
Garantizar el derecho humano al agua: Se prioriza el uso doméstico y público del agua sobre el industrial o agrícola en casos de escasez.
Recuperar la rectoría del Estado. Se busca eliminar la posibilidad de que el agua sea tratada como una mercancía transferible y poner fin al acaparamiento.
Prohibición de la privatización: La iniciativa prohíbe la privatización del agua y establece que su gestión será exclusivamente pública o comunitaria.
Hay que destacar que el estado de Veracruz, cuenta con abundancia de agua, ya que en él se escurre el 33% del agua superficial total del país. Para obtener datos más específicos, sería necesario consultar información detallada sobre acuíferos, cuerpos de agua superficiales y niveles de precipitación actuales, la cual cambia a diario.
Abundancia de agua: Veracruz tiene un escurrimiento superficial anual medio de 139 millones de metros cúbicos, lo que representa el 33% del total nacional.