Prefacio.

Pareciera una obviedad, pero es un punto en el que habría que poner especial atención. *** El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, asegura que la inseguridad en Tamiahua (donde habrá elección municipal extraordinaria) genera temor entre los posibles aspirantes a la alcaldía y pidió al gobierno del estado que garantice condiciones de seguridad. *** El dirigente partidista dijo que en el proceso electoral del año pasado se registraron presiones y amenazas contra los candidatos. *** Ramírez Arana señaló que en Tamiahua es evidente la presencia de la delincuencia organizada, lo que -dijo- inhibe la participación política: “Tamiahua es un lugar sumamente inseguro. Hay delincuencia (…) inclusive nuestro candidato dejó de hacer campaña”, dijo. *** Diga usted si no es un municipio de alto riesgo. Colinda al norte con Ozuluama y Tampico Alto; al sur con Álamo y Tuxpan; al oeste con Tamalín, Chinampa, Naranjos, Tancoco y Cerro Azul. *** Justo la “zona caliente” de la Huasteca veracruzana.

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Se entiende que por el poco tiempo que tiene al frente de la Secretaría de Salud, la doctora Mariela Hernández García no tiene aún el panorama completo de las condiciones en las que encontró la dependencia ahora a su cargo.

Es evidente que hay problemas, pues justo por eso se dio su llegada, luego de que a su antecesor, el doctor Valentín Herrera, finalmente le fuera aceptada la renuncia que había presentado en varias ocasiones.

Y aunque la percepción que se generó a finales del año pasado fue que los principales problemas estaban relacionados con la administración de la Secretaría, lo cierto es que la descomposición se fue extendiendo hacia las diversas áreas y algunas de ellas hoy requieren de una intervención urgente.

Es el caso de la sede en Xalapa del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (Ceredi), cuyo funcionamiento impacta de manera directa el ambiente laboral y termina afectando a la parte más vulnerable: sus pacientes.

Los Ceredi son unidades especializadas que ofrecen atención integral y gratuita a niñas y niños desde el nacimiento hasta los 6 años y que se enfocan en la prevención, detección y tratamiento de problemas del desarrollo físico, mental, motor, cognitivo y socioemocional. Todo esto, mediante servicios de medicina, psicología, terapia de lenguaje, nutrición y estimulación temprana. Su objetivo es potenciar el desarrollo infantil para que alcancen su máximo potencial.

El problema se suscita, sin embargo, por la actuación de la subdirectora de Atención Médica, la doctora Sonia Yolanda Sánchez, quien tiene a su hija, Cecilia Carreira Casas en funciones de terapeuta de estimulación temprana.

La parte más oscura del nepotismo se refleja en el ambiente laboral que impera en el Ceredi. Se han registrado casos en los que la relación madre-hija afecta de manera negativa el desarrollo de las funciones en esa unidad.

Tan sólo por mencionar algunos casos, Iván Parras Fernández, rehabilitador y terapeuta físico, fue “comisionado” a la jurisdicción sanitaria V, con lo que ya no se brinda ese servicio a los niños con trastornos motores.

La reasignación de este especialista -señalan- tuvo que ver con un conflicto personal generado luego de que se hicieran comparaciones entre su trabajo y el de la terapeuta de Estimulación Temprana, lo que -argumentaron las autoridades de esa institución- “provocó inestabilidad emocional en ella”.

Algo parecido sucedió con la doctora Cynthia Pérez Gil, quien también fue removida debido a dificultades derivadas del acoso y hostigamiento, todas relacionadas con la misma terapeuta. Su salida dejó al centro sin un médico para la atención de los menores los cuales no cuentan con recurso para ser tratados por un médico internista.

La terapeuta de aprendizaje también fue removida, lo que dejó a niños con trastornos como autismo, hiperactividad y retardo mental sin la atención adecuada.

En todos esos casos se tomaron decisiones priorizando la “estabilidad personal” de la hija de la subdirectora.

Los padres de familia de los niños que reciben tratamiento en ese centro se quejan de que no son tomados en cuenta y de que con frecuencia dejando sin atención a los menores. Incluso aseguran que ha habido casos de maltrato y discriminación, pues se niegan a brindar el servicio a niños con alguna condición, con el argumento de que “son niños difíciles”.

El origen de todos estos problemas está en el desorden administrativo.

Además de sus funciones de supervisión en el Ceredi, la doctora Sonia Yolanda Sánchez, ocupa el cargo de encargada de la Subdirección de Atención Médica. La jefatura formal del Ceredi le corresponde a la Química Clínica Íngrid Mariela Salazar Muñoz, sin embargo, deja todas las decisiones a la doctora Sonia Sánchez. Quien tampoco interviene para corregir todos estos problemas, es el director Roberto Alonso García Díaz.

Urge que las autoridades pongan orden en esa institución de tan loables funciones, pues al final del día, los más afectados son los niños.

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Epílogo.

Muy válida, la demanda de los ejidatarios de Tejocotal, en el municipio de Las Vigas. Aseguran que durante 22 años les dejaron de pagar Radio y Televisión de Veracruz (RTV) y Canal 11, por los terrenos que ocupan para la operación de sus antenas transmisoras, en la comunidad de Las Lajas. *** Los ejidatarios dicen desconocer bajo qué figura legal se permitió la instalación de esas antenas y tampoco saben si existen contratos de arrendamiento, convenios o algún tipo de compromiso de compensación económica a favor del núcleo agrario. *** Carlos Hernández Arriaga, dirigente del Frente Veracruzano Social (Frevesol), admitió que carecen de información y eso ha generado molestia entre los ejidatarios, pues no saben si el gobierno del estado, las televisoras involucradas o alguna otra instancia realizó pagos por el uso del predio. *** Integrantes del Comité de Observación y Vigilancia del Ejido Tejocotal conformado por 26 ejidatarios, señalaron que esta omisión ha provocado desconfianza y conflictos internos, debido a que no se conoce el destino de posibles recursos ni la existencia de acuerdos formales que respalden la ocupación de las tierras. *** les demandan a las autoridades estatales y a los organismos responsables que transparenten la información relacionada con las antenas, incluyendo si se efectuaron pagos, el monto total acumulado, los años que abarcarían dichos cobros y copias de los contratos, permisos o autorizaciones correspondientes. *** Aclararon que desde julio de 2025 solicitaron formalmente la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades estatales, representantes legales de las televisoras y dependencias agrarias, con el objetivo de revisar el estatus legal y financiero del predio, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

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