La crisis de derechos humanos y violencia criminal que pervive en México, junto con el asedio a los medios de comunicación para que no se hable de eso, se ha convertido en una tragedia estructural.

Este lunes 11 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe que reitera y confirma lo que miles de familias llevan años gritando en las calles: la desaparición de personas es, si no una política de Estado en sentido formal, sí una práctica sostenida por la impunidad y la colusión de autoridades con el crimen organizado. Paralelamente, con unos días de diferencia, la organización internacional de defensa de la libertad de expresión, Article 19, confirmó que el país sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, con agresiones sistemáticas, censura y vigilancia.

El informe de la CIDH es contundente y se refrenda con cifras que coinciden de manera inequívoca: México acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas hasta mediados de 2025 –a la fecha se habla de más de 135 mil-, lo que coloca al país en un escenario de guerra no declarada contra enemigos que han sido más letales que cualquier otra amenaza en la historia del país. Y este escenario es el resultado de un entramado institucional que así lo ha permitido.

La CIDH señala lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum se empeña en desconocer: en muchos casos, las autoridades no solo son omisas en su deber, sino que participan activamente en la desaparición. “Las desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por funcionarios estatales, aún no han sido del todo erradicadas: se documentan en el informe varios casos en que estas habrían ocurrido en connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas”, destacó el comunicado oficial. Y así, el Estado mexicano, en lugar de garantizar justicia, se convierte en perpetrador.

La semana pasada, Article 19 presentó otro informe, nombrado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, en el que documenta, entre otras cosas, que la Ciudad de México, Puebla y Veracruz lideraron los casos de agresiones contra periodistas en 2025. No es casualidad: son entidades, particularmente las dos últimas, donde el poder político es abiertamente intolerante a la crítica y los aparatos legal y de seguridad se utilizan para intimidar.

Mientras los informes internacionales exhiben la magnitud de la crisis, el régimen de la supuesta transformación minimiza cifras, acusa a las organizaciones de tener “agenda política”, de “injerencistas” o de servir a la “derecha”, mientras se distrae a la opinión pública con temas irrelevantes, artificialmente desarrollados y/o francamente absurdos.

La presidenta y sus voceros prefieren hablar de lo malo que era Hernán Cortés y de expulsar del país sus restos –con una “pequeña” ayuda de una oposición para llorar-, que de la crisis de los desaparecidos; o llegando a excesos insólitos, bufonescos, se anuncia el adelanto del fin de cursos escolares para poder ver el

Mundial de Futbol y luego, como si nada, se echan para atrás. Todo, para que la opinión pública esté entretenida con frivolidades y no voltee a ver la más que evidente -e innegable- complicidad de políticos del régimen morenista con las mafias del crimen organizado; que no reclame por la violencia que azota directamente a la ciudadanía de a pie todos los días; y que vea con indiferencia los casos de censura y persecución a los periodistas, que terminan por censurar a toda la sociedad.

El cínico despliegue de estas estrategias distractoras no solo pretende negar la realidad: busca enterrar la memoria colectiva bajo cientos de capas de propaganda que silencien cualquier reclamo o exigencia al régimen para que cumpla con sus mínimos deberes. Y muchas veces, medios, políticos y ciudadanos caemos fácilmente en la trampa.

México vive una crisis de derechos humanos que el gobierno pretende ocultar bajo múltiples distractores y con el estruendo de sus propagandistas y textoservidores. Pero el silencio impuesto no puede borrar la realidad. Y ésa, no va a dejar de perseguirles.

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