Los sabios bebedores del mejor aromático, en los cafés de la zona conurbada Veracruz - Boca del Río, recuerdan que la primera vez que ellos se enteraron del lacerante problema público conocido como Cártel Inmobiliario, fue cuando el tema fue tratado por las autoridades de la CDMX y se dieron a conocer algunos nombres, entre los que por cierto salió a relucir el de Xóchitl Gálvez, ex aspirante panista a la Presidencia de la República, debido a su anterior gestión como Jefa en la Miguel Hidalgo durante 2015-21018.

Las acusaciones que se hicieron públicas en contra de Xóchitl Gálvez fueron por autorizar permisos de construcción para desarrollos como “One Marina Park” y “Distrito Polanco”, y en los que, a cambio, empresas de su propiedad y de su familia habrían recibido contratos de proveeduría millonarios por parte de los desarrolladores. Incluso se habló de que la propia Xóchitl Gálvez vivía en una casa edificada bajo supuestas irregularidades normativas y vinculada a este esquema. 

Pero el tema reventó a lo grande cuando la propia Xóchitl Gálvez admitió públicamente la existencia del “CÁRTEL INMOBILIARIO” en la CDMX, aunque rechazó formar parte de él.  

Con lo anterior en mente, el antecedente quedó claro para el país. En la CDMX sí operaba un “Cártel Inmobiliario” y eso hizo que el tema fuera conocido y, al menos en Veracruz, se ha puesto de moda en dos sentidos: las denuncias han brotado y lo novedoso es que el Gobierno del Estado y la Fiscalía han respondido.

Se sabe ya de propiedades recuperadas e incluso de abogados y notarios públicos detenidos, suspendidos o en prisión preventiva vinculados a proceso. 

En las investigaciones y casos ha quedado claro que este tipo de delitos ha requerido de complicidades y eso lo convierte en un asunto de redes criminales del que no se conocen sus operaciones hasta que alguien denuncia el despojo de sus propiedades mediante juicios civiles, que en algunos casos han resultado simulaciones y documentos falsos, es decir, cuando ya es demasiado tarde.

Sin embargo, las autoridades veracruzanas han respondido y procesado a 9 personas, 6 de ellos abogados y 3 notarios públicos. 

Los abogados: Zain Aleef N, José Alfredo N, Salvador N, Miguel Isaac N, Pedro Damián N y José Miguel N.

Los 3 notarios: José N, de Fortín de las Flores; Ernesto N y Carlos N, de Córdoba.

Al menos el tema ya no se oculta, se acepta y se castiga, por ello los canillazos patrios son para aquellos que pensaban que ejecutaban el delito perfecto.