En la segunda entrega de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Cuenta Pública 2025, Veracruz registra 137.8 millones de pesos pendientes de solventación, frente a los 7 mil 352.8 millones observados al conjunto de entidades federativas y municipios del país.

Pero hay otro dato que no debería pasar inadvertido: de los mil 592.6 millones inicialmente observados al gobierno estatal, se presentó documentación para atender mil 454.8 millones, es decir, el 91.3 por ciento. El resto continúa en proceso y las dependencias tienen 30 días adicionales para entregar las aclaraciones correspondientes.

Conviene recordar algo que a veces se pierde entre el ruido de la discusión pública: una observación de auditoría no equivale automáticamente a un desvío de recursos. Es un señalamiento que debe aclararse, comprobarse y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades que correspondan.

Eso no significa restarle importancia a la fiscalización ni concederle a ninguna administración un cheque en blanco. Significa, simplemente, esperar a que los procedimientos concluyan antes de emitir sentencias. Si el 91.3 por ciento ya cuenta con documentación presentada para su atención, el dato también merece estar sobre la mesa.

Y el contexto financiero tampoco es menor. Veracruz llega a la discusión presupuestal de 2027 con una propuesta de 185 mil 597 millones de pesos, sin nuevos impuestos ni aumentos en las tasas vigentes, y con una ruta de reducción de sus créditos bancarios: de 21 al inicio de la administración a 16 actualmente, con la meta de cerrar el próximo año con 14.

Son decisiones y objetivos anunciados por el gobierno de Rocío Nahle que deberán medirse por sus resultados, pero que forman parte de la discusión sobre cómo sostener el gasto público, atender las necesidades del estado y reducir compromisos financieros.

La responsabilidad de un gobierno no consiste solamente en gastar, sino en explicar cómo y para qué utiliza los recursos. El Gobierno de Nahle ha solventado más del 90 por ciento, y lo hará en su totalidad, se ha informado. Tendrá que hacerlo.

Ni descalificaciones anticipadas ni indulgencias. La última palabra, en materia de fiscalización, corresponde a los resultados definitivos. Lo demás es ruido.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.