Pero, además, para que no se dude de la honestidad y la transparencia del órgano electoral, “se instaló circuito cerrado en los 27 Consejos Municipales Habilitados de las sedes judiciales para que la ciudadanía pueda visualizar desde sus hogares, a través de la plataforma YouTube los trabajos que se realizan en los diferentes puntos de cómputo”.
Y no sólo eso: En los 27 Consejos Municipales Habilitados se instalaron “equipos de transmisión, módems de internet y plantas de luz para garantizar la continuidad en caso de algún corte de energía eléctrica”.
Sí, pero sucede que en la preparación de este proceso electoral extraordinario nunca se consideró la posibilidad de que se “cayera” el sistema; nunca se hicieron simulacros para que el experimentado personal del órgano electoral supiera qué hacer ante un escenario como el que se presentó.
Las cámaras sólo emiten imágenes de varias personas con chalecos distintivos del órgano electoral manipulando las boletas de la elección judicial; no se distinguen voces ni cifras, por lo que pudieran estar mostrando “de lejitos” un monumental fraude electoral.
Hasta el momento nadie ha dado una explicación oficial de las causas de esta “caída” del sistema. Los ciudadanos debemos saber si fue porque “alguien por error apretó el botón equivocado”, o porque hubo un ataque externo a este sofisticado programa que pretendía facilitar este “gigantesco” conteo.
Es necesario aclarar que, aunque la votación fue escasa, las decisiones que cada votante tenía que tomar por boleta generan mayor complicación que en una elección de índole política.
En la boleta para definir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia cada votante tuvo que seleccionar a ocho aspirantes (4 hombres y 4 mujeres); en la boleta para la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial tuvieron que elegir a un hombre y a una mujer.
En la boleta para definir a magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje también tuvieron que elegir a dos aspirantes, mientras que en la boleta para la elección de jueces tuvieron que anotar los números que correspondieran a diez aspirantes, cinco de cada género.
De tal manera que ese reducido número de votantes que acudieron al proceso judicial, al momento de computarlo se tuvo que multiplicar por 22, lo que convirtió la etapa final del proceso (el conteo) en un verdadero galimatías.
Y no es el caso de que “un error” hubiera generado todo este problema. Durante el viernes y buena parte del sábado los llamados “consejos municipales habilitados” tuvieron problemas para brindar la transmisión en vivo de sus conteos. Los problemas se lograron solucionar, pero para ese momento el conteo iba avanzado y, por lo tanto, ya no se cumplió con los principios de transparencia y certeza que los participantes en este proceso exigen.
Y como bien lo apuntó en su momento la magistrada Rosalba Hernández: uno de los causales para anular la elección, es la falta de certeza jurídica.
En una elección política los partidos y hasta los candidatos independientes tienen la oportunidad de acreditar a sus representantes que atestigüen la limpieza del proceso. En la elección judicial parecería que se trata de “un acto de fe”. El problema es que la confianza está muy desgastada por los “errores” del organizador del proceso.
Le anticipo que el OPLE Veracruz dará como “validos” los resultados del conteo y que los recursos de los aspirantes serán desechados en cada instancia, lo que contribuirá a enlodar -aún más- este proceso que ni siquiera debió realizarse.
filivargas@gmail.com
(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")
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