Pese a las reiteradas declaraciones públicas de la doctora Claudia Tello Espinoza, Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y de la propia gobernadora Nahle García, quienes han insistido una y otra vez en que “ningún trabajador perderá su empleo” y que “no habrá represalias contra quienes ejerzan sus derechos sindicales”, la medida fue ejecutada sin mayor aspaviento.
Paradójicamente, durante una reunión conciliatoria celebrada el pasado 28 de febrero en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA), la representante legal de la SEV, Gabriela Mayans Romero, aseguró expresamente que no habría represalias contra los secretarios de las organizaciones sindicales ni contra los agremiados que se hubieran manifestado en defensa de sus derechos laborales, mismo que fue signado por la funcionaria publica en el acta firmada ante representantes del TECyA.
Sin embargo, la notificación de cese entregada al profesor Suárez Ávila el 30 de junio, pone en entredicho dichos compromisos y evidencia la incongruencia entre el discurso oficial y las acciones reales del gobierno estatal.
Este caso se suma a una creciente lista de trabajadores sancionados, reubicados o despedidos desde el inicio de la actual administración estatal, el 1 de diciembre de 2024. Bastaría hacer un conteo preciso de cuántos trabajadores han sido cesados o castigados por ejercer su libertad de expresión o afiliación sindical para dimensionar el tamaño de la represión silenciosa que se vive en Veracruz.
Lo más grave del caso es que hasta hace unos días, ningún funcionario de la SEV quiso dar información clara sobre el estatus laboral del profesor Suárez Ávila, negando sistemáticamente lo que ahora se confirma: un cese con tintes de venganza política, orquestado desde el poder, para castigar a quien no se alinea con las políticas impuestas
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