Se trata pues de un operativo de Estado, financiado con recursos públicos, para una promoción completamente fuera de la ley de candidatos a pseudojuzgadores cuya función no será impartir justicia, sino simplemente entregarle el Poder Judicial al régimen y desaparecer por completo la división de poderes que, mal que bien, le dio alguna viabilidad democrática a México los últimos 30 años, así como posibilidad de defensa a los ciudadanos ante los abusos de poder, a los cuales ahora quedará completamente expuesto.
Y no es que esté en riesgo el resultado o que pudiesen llegar a ser ministros, jueces o magistrados personajes contrarios a los intereses del régimen.
Todo el proceso fue diseñado para obtener un resultado “a la antigüita”, con “carro completo”, pues los votos ni siquiera van a ser contados por los ciudadanos el día de la elección. Nos van a hacer el “favor” de contarlos en alguna oscura oficina para, días después, darnos los resultados que, ¡oh, sorpresa!, serán los que el morenato necesita para sus aviesos fines.
Al no peligrar como tal el asalto al Poder Judicial, lo que el morenato busca es legitimar un proceso fraudulento desde su origen mismo, lo cual no sucederá si la votación es ínfima. Saben bien que eso es posible. Ya se vivió en las infames consultas populares para “enjuiciar” a los expresidentes y para la “revocación de mandato” de Andrés Manuel López Obrador, cuyo nivel de participación sería de risa loca, si no fuera porque costaron millones de pesos que se fueron, literalmente, al caño de la historia.
No es menor pues que se esté llamando a boicotear la farsa de la elección judicial, dejando solos al obradorismo y sus paleros a través de la abstención como un recurso para quitarle toda legitimidad ciudadana a un ejercicio que, de por sí, es ilegal, pues se sacó adelante y se aprobó violando amparos, derechos humanos y políticos y hasta las mismas reglas malhechas que ellos mismos aprobaron.
No faltan los timoratos y timoratas que se rasgan las vestiduras ante una iniciativa perfectamente legítima y legal, y acusan con dedo flamígero a los ciudadanos que no van a convalidar la destrucción de lo que quedaba de la democracia en México de ser “antipatriotas” y “antidemócratas”, el clásico discurso patriotero y simulador del régimen para atacar a quienes no doblan la cerviz ni se someten al autoritarismo oficial.
Antipatriótico y antidemocrático es prestarse al aniquilamiento de las libertades, a la restauración de lo peor del más viejo y podrido del régimen del que provienen la mayoría de los porros que hoy abusan del poder, y a la ejecución al estilo sicario de la pluralidad de pensamiento, del derecho a la información y del derecho a elegir.
A los ciudadanos solamente nos queda ejercer nuestro sagrado derecho de mandarlos a la chingada.
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