“En un espíritu corrompido no cabe el honor”. – Tácito.

La conmemoración del 16 de septiembre de este año dejó de lado el aire festivo de los desfiles militares. El discurso del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, fue más bien un reconocimiento amargo: la Armada de México atraviesa una crisis institucional de gran calado, al revelarse que altos mandos estarían involucrados en el tráfico de huachicol fiscal en diversos puertos del país. Una admisión que, en los hechos, reclama un golpe de timón urgente ante la infiltración del crimen organizado en una institución históricamente vista como baluarte de la patria.

Sin embargo, la historia demuestra que no estamos ante un hecho inédito. La Marina ya había enfrentado en el pasado episodios de corrupción que pusieron en entredicho su honorabilidad. Basta recordar aquel escándalo de 1990, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, cuando el entonces secretario de Marina, Mauricio Scheleske Sánchez, fue removido discretamente de su cargo —algo que no ocurría desde hacía seis décadas— al revelarse la complicidad de mandos navales en operaciones de narcotráfico. En aquel tiempo, hombres uniformados y armados de la Armada daban protección a avionetas y barcos cargados de estupefacientes.

La vulneración de las fuerzas de seguridad no ha sido privativa de la Marina. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en 1997, se destapó el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas que terminó acusado de proteger al cártel de Amado Carrillo Fuentes. Y más atrás, en el gobierno de Miguel de la Madrid, los servicios de inteligencia de Estados Unidos colocaron bajo sospecha al propio secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui. Estos episodios dibujan un patrón de infiltración en las instituciones más sensibles del Estado mexicano, que se ha repetido sexenio tras sexenio.

Hoy, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío mayúsculo: limpiar a fondo las estructuras de seguridad sin repetir los vicios de encubrimiento del pasado. El hallazgo de mandos navales coludidos con el crimen, sumado al regreso a México de Hernán Bermúdez, líder de la Barredora, colocan al gobierno en una encrucijada política y moral. No es menor que este golpe alcance también a figuras como el senador Adán Augusto López Hernández, ex gobernador tabasqueño y viejo jefe político del detenido, lo que augura un terremoto en la clase política.

En este contexto, el caso de Xalapa resulta emblemático. La policía municipal permanece bajo el mando de la Marina, pero las encuestas de percepción de inseguridad son contundentes: la ciudadanía no se siente protegida con un esquema militar. Es hora de que el gobierno municipal recupere el control y coloque un mando civil que obedezca a las necesidades de proximidad, confianza y cercanía. Entre marinos, las jerarquías pesan demasiado y los civiles difícilmente son respetados en esa cadena de mando. La seguridad de la capital veracruzana debe estar en manos de una autoridad que responda directamente a la sociedad, no a una estructura militar que, hoy por hoy, está bajo sospecha.

La pregunta es si esta vez el Estado mexicano aprenderá de la historia o si, como en otras ocasiones, optará por la simulación. El discurso del almirante Morales Ángeles abre una puerta a la esperanza de un cambio real, pero también confirma el tamaño de la herida: cuando el crimen organizado penetra las instituciones encargadas de salvaguardar la soberanía, la república entera queda en entredicho.

Al tiempo.

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“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx