Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum pretende pedir prestado montañas de millones de dólares ante la insolvencia del gobierno y la necesidad de mantener sus programas sociales como base social de Morena. El dinero ya no alcanza y lo único que se les ocurre es pedir prestado hasta lo inimaginable.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido el periodo en el que más creció la deuda pública (más de 6.8 miles de millones de pesos). El tabasqueño la recibió de Peña Nieto en 10.5 billones de pesos y la heredó a Sheinbaum en 17.4 billones, el mayor endeudamiento en la historia del país.
Pero el problema no termina ahí. Apenas empieza. El gobierno de Claudia Sheinbaum va a aumentar en 9.1 billones de pesos adicionales la deuda a las futuras generaciones de mexicanos, de acuerdo con las recientes previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin fideicomisos que saquear, sin fondos de estabilización que apañar y sin más remedio que pedir prestado –el tema de apropiarse de las afores sigue en pie-, el actual gobierno dejará la peor deuda en la historia del país. Ni siquiera Miguel de la Madrid endeudó tanto a México a pesar de la gran devaluación de hace medio siglo.
No hay dinero. Los compromisos crecerán en esta administración y alcanzarán los 28.2 billones de pesos en 2030. Esta cifra significa un incremento de 9.1 billones frente a los 19.1 billones que Hacienda registró al cierre del año pasado. La mayor deuda pública significa más impuestos para las futuras generaciones de mexicanos, menos gasto, o ambas.
Los expertos de Banamex esperan que la deuda bruta alcanzará 60% del PIB hacia 2028, desde una tasa de 57% estimada para 2025 y será la mayor tasa desde 1988, según la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los Programas para el Bienestar se han financiado sin aumentar la deuda pública, pero esto es falso. La deuda pública creció 14.64% entre mayo de 2024 y mayo de 2025; esta tendencia seguirá por el resto del sexenio.
La crisis económica por el cambio de sexenio empieza a tomar forma
¿Se ampararon los hijos de AMLO?
La noticia más impactante que nos recetamos la mañana de ayer fue la que nos dio a conocer el periodista Claudio Ochoa Huerta, de la empresa Latinus, quien reveló que un juez federal había otorgado una suspensión de plano contra cualquier orden de captura a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en medio de la investigación por una presunta red de huachicol fiscal.
El caso ha generado gran controversia, no solo por la relevancia política de los beneficiados, sino también porque la solicitud de amparo incluye nombres de personajes vinculados al crimen organizado y al contrabando de combustibles.
De acuerdo con Ochoa Huerta, que más tarde se confirmó, el amparo fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, expediente 2098/2025. Lo curioso, señaló, es que el documento no fue firmado por el promovente y que tampoco se señaló un domicilio legal para notificaciones.
En su lugar, se indicó como dirección el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en la República de Guatemala #20, Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se encuentra Finca Rocío Chocolate, la tienda operada por los hijos de López Obrador.
El juez determinó la suspensión de plano, lo que implica que, si existiera cualquier intento de captura fuera de procedimiento o sin mandamiento escrito, Andy y Bobby deberían ser liberados de inmediato.
La suspensión no solo menciona a los hijos de AMLO, sino también a presuntos integrantes de una red de huachicol fiscal en aduanas. Entre ellos aparecen:
- Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina.
- Roberto Blanco Cantú, alias «El Señor de los Buques», también identificado como Roberto Brown, supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes.
- César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Heleyn Foullon Gómez, Carlos Estudillo Villalobos, entre otros nombres enlistados.
Según el documento, los quejosos reclamaron riesgo de privación de la vida, desaparición forzada, incomunicación e ilocalización por parte de autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.
Aunque el juez de Zacatecas concedió la suspensión, lo cierto es que, hasta ahora, Andy y Bobby López Beltrán no cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. La medida, sin embargo, los protege de cualquier intento de captura irregular.
El periodista Claudio Ochoa Huerta confirmó que el acuerdo ya fue publicado en las listas del Consejo de la Judicatura Federal, lo que da validez legal al procedimiento.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) llegar hasta el fondo en las investigaciones sobre la red de huachicol, lo que abre un escenario complejo en torno al posible involucramiento de personajes políticos y empresariales.
El caso seguirá bajo la lupa pública en las próximas semanas, pues combina temas de justicia, política y posibles vínculos de corrupción. La opinión pública estará atenta al rumbo que tomen tanto la investigación de la FGR como las acciones legales que involucren a los hijos del expresidente López Obrador.
Violencia provoca suspensión de gritos
Este sábado, el municipio de Coahuitlán anunció oficialmente la suspensión del Grito de Independencia y del desfile cívico del 16 de septiembre, sumándose a otros tres municipios veracruzanos que han tomado la misma decisión ante el clima de inseguridad en la región: Coxquihui, Zozocolco y Cerro Azul.
Al parecer, el comal no está para bollos y los alcaldes no quieren más broncas de seguridad a escasas semanas de entregar el cargo.
De hecho, este domingo el gobierno del Estado informó sobre un impresionante despliegue de elementos de seguridad –Ejército, Guardia Nacional y policía del estado- en el municipio de Coxquihui que también atenderán los municipios vecinos de Zozocolco y Coahuitlán.
El problema es que el despliegue de fuerza sólo confirma que el gobierno federal y del estado carecen de una estrategia de seguridad y que lo único que se les ocurre por el momento es llenar de militares y policías los municipios.
En Coxquihui todo el mundo sabe quiénes son los generadores de violencia. Todos saben de quiénes son los autores de los atentados en contra de candidatos, ex candidatos y el presidente municipal electo. No es un pleito de partido políticos, sino de caciques, pero nadie ha hecho nada por detener la violencia.
Con la presencia de cientos de elementos, los sicarios se tomarán unos días de descanso, pondrán tierra de por medio hasta que las cosas se enfríen y en pocas semanas estarán de regreso para mantener el control de la zona.
El despliegue militar sólo es un espectáculo efímero de fuerza pero que no resolverá el añejo problema de una población sometida al poder de los caciques. No engañan a nadie. Lo mismo pasa en Coahuitlán y Zozocolco.
El Ayuntamiento de Coahuitlán explicó que la medida busca salvaguardar la integridad física de la población durante la noche del 15 y proteger a la comunidad educativa durante la mañana del 16. La cercanía geográfica con municipios afectados por hechos violentos fue un factor determinante en la decisión.
En el caso de Zozocolco, el presidente municipal Serafín Pérez Carmona informó que la decisión fue tomada tras una reunión con directivos escolares, priorizando la seguridad de niñas, niños y adolescentes. El ayuntamiento exhortó a la población a conmemorar las fiestas patrias desde sus hogares, en un ambiente de paz y reflexión.
Cerro Azul, a unos 150 kilómetros de Coxquihui, también canceló todas las actividades públicas relacionadas con las fiestas patrias. Ahí, el alcalde Francisco Javier Medina del Ángel señaló que la decisión fue tomada en conjunto con autoridades educativas y por unanimidad del cabildo.
Y lo mismo sucede en Coatzacoalcos, la tierra adoptiva de la gobernadora Nahle. Si bien ahí no serán suspendidas las fiestas patrias, el arribo de los campers de vigilancia de la Guardia Nacional al malecón costero sólo es un acto de propaganda y montar una escenografía temporal en un territorio que hace años está en manos de la delincuencia.
REFLEXIÓN
El delegado del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín informó que ya presentó una denuncia en contra Manuel Huerta por desvío de recursos a favor de Movimiento Ciudadano (MC) y también en contra de Emilio Olvera por haber robado recursos públicos de la Delegación de Bienestar. El Carón sabe bien que quien acusa está obligado a probar… ¿Ya lo haría? Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
