O al menos esa era hasta que Morena llegó al poder…
La fallida retroactividad de la reforma –ordenada desde la guarida de Palenque con la intención de dejar sin efecto los amparos concedidos durante el gobierno anterior- fue rechazada hasta por la propia presidenta Sheinbaum.
La reforma a la Ley de Amparo deja más indefenso al ciudadano porque tiene dos cambios fundamentales: quien promueva un amparo deberá demostrar que hay una afectación directa a su esfera jurídica, lo que restringe la defensa colectiva de nuestros derechos; y eliminar “la suspensión”, como una medida que dicta el juez para que, en lo que se resuelve el juicio de amparo, no haya un daño irreparable.
Sin la suspensión, aun cuando el juez le conceda la razón, el daño está hecho. El gobierno no permitirá que nadie se interponga ante su decisión, aunque afecte a los ciudadanos de manera individual o colectiva.
Pero no todo está perdido. No se reformaron artículos constitucionales que, con una buena defensa legal, con buenos abogados, podría protegerse legalmente para evitar que inocentes vayan a la cárcel.
En el caso de la “ley censura”, tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Morena decidió reemplazarlo por una nueva agencia subordinada al gobierno, la misma que pretendía bloquear plataformas digitales y contenido sin necesidad de una orden judicial.
Con la nueva ley, se establece la obligación de los concesionarios de proporcionar a las instituciones de seguridad la geolocalización en tiempo real de los dispositivos móviles, en caso de que así se les solicite, sin mediar orden judicial.
Además, permite al gobierno cancelar concesiones de radio y televisión por causas tan generales como “el interés público”, una categoría jurídica atemorizante para todo concesionario, propiciando la autocensura.
La llamada “ley censura” provocó que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU hiciera un llamado para respetar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas.
Por último, la “ley espía” –reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia-, permite al gobierno morenista acceder a bases de datos personales y registros sensibles tanto públicos como privados.
Esto incluye información biométrica, bancaria, fiscal, de salud, telecomunicaciones, entre otros. Sin una verdadera protección, nuestros datos personales pueden estar al alcance de cualquier burócrata de escritorio, con los fines más aviesos: desde fraudes digitales hasta fines electorales.
Con estas leyes, Morena pretende convertir a la 4T en el cuarto Reich.
La puntita
El ORFIS exhibe el legado de corrupción de Cuitláhuac: no sólo desfalcaron al estado con miles de millones de pesos, sino que se robaron ¡hasta los pupitres de la SEV! |
