La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado, con bombo y platillo, un ambicioso plan para aumentar en 40 por ciento la capacidad eléctrica del país hacia 2030. Cuarenta nuevas centrales, 22 mil megawatts adicionales, y una promesa: alcanzar que el 38 por ciento de la energía nacional provenga de fuentes limpias. Suena bien, incluso esperanzador. Pero, ¿estamos realmente ante una transición energética o frente a la reconstrucción de un monopolio político con rostro verde?

El discurso oficial, pronunciado por la directora de la CFE, Emilia Calleja Alor, en la Cámara de Diputados, parece extraído del guion de una epopeya nacionalista: inversión pública, soberanía energética, recuperación del control del Estado. Pero detrás de la retórica de independencia se asoma una realidad menos gloriosa: la concentración del poder en un solo actor estatal que decide, ejecuta y regula, sin contrapesos técnicos ni competencia real.

El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, coordinado por la Secretaría de Energía y la CFE, plantea una expansión monumental: seis mil 735 kilómetros de nuevas líneas, 524 subestaciones, y una inversión que ronda los 22 mil millones de pesos solo para distribución. Además, dos plantas termosolares pioneras en Baja California Sur —con una inversión de 800 millones de dólares— y más de mil torres de telecomunicaciones para mejorar la conectividad nacional. En papel, el proyecto parece sólido; en práctica, el desafío será monumental.

Porque una transición energética no se mide por el número de torres o kilómetros de cable, sino por su sustentabilidad técnica, financiera y ambiental. Y ahí es donde el entusiasmo oficial se enfrenta con la realidad: las energías limpias avanzan, sí, pero sin una estrategia integral de modernización tecnológica, sin incentivos al sector privado, y con una burocracia que sigue pensando en términos de control, no de innovación.

Desde la reforma constitucional que revirtió la apertura energética de 2013, la CFE ha recuperado su “naturaleza jurídica” estatal, incrementando ingresos —340 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2025— y utilidades netas de casi 69 mil millones. Cifras que, aunque suenan robustas, no garantizan eficiencia ni transparencia. Lo que preocupa es la falta de mecanismos ciudadanos y técnicos que auditen el uso de esos recursos, porque un monopolio público sin vigilancia puede ser tan nocivo como uno privado sin límites.

México necesita energía, pero sobre todo necesita una política energética con visión democrática. No basta con producir más megawatts si seguimos atados a viejos esquemas centralizados y opacos. El verdadero fortalecimiento del sistema no pasa por levantar torres ni firmar contratos, sino por abrir la puerta a la participación social, a la investigación científica, y a la rendición de cuentas.

Si la CFE quiere ser emblema de soberanía, que lo demuestre con transparencia, eficiencia y responsabilidad ambiental, no con discursos triunfalistas. La energía del futuro no se impone desde el Estado; se construye entre todos, con técnica, ética y visión de largo plazo.

Porque si algo ha enseñado la historia de México, es que los grandes proyectos públicos pueden iluminar al país… o volver a dejarlo a oscuras