El pasado domingo, la atención de los gobernantes de Morena no estaba centrada en el partido amistoso de la selección mexicana de futbol contra Bolivia, ni en los juegos de campeonato de la NFL (al fin y al cabo, está descartado que acudan al Superbowl, ante el riesgo de que les retiren la visa).
Los gobernantes (especialmente los surgidos de Morena, pues lo asumen como una “tarea pendiente” que les dejó su líder, López Obrador) estaban atentos al ejercicio de consulta ciudadana que se realizó en el estado de Oaxaca, para definir si se revocaba, o no, el mandato a su gobernador, el morenista Salomón Jara.
A pesar de que anticipaban “fuego amigo”, los analistas del partido en el poder estaban seguros de que el gobernador oaxaqueño lograría sostenerse en el cargo; lo que en realidad les interesaba saber era “a qué precio”.
Y, en efecto, resultó mucho más complicado que lo que el mismo gobernador de Oaxaca preveía.
Los resultados oficiales -envueltos en un fuerte tufo de fraude electoral- le dieron mayoría a los que votaron por la continuidad del gobernador (550,274), contra los que pidieron que surtiera efecto la revocación (357,025), pero incluso si la votación no le hubiera favorecido a Salomón Jara, fue tan pobre la participación (el 29.9% del padrón) que no habría sido suficiente para obligar al gobernante a dejar el cargo.
La Ley de Revocación de Mandato en aquella entidad establece que para que el resultado sea “vinculante” (esto es, que surta efectos legales) se requiere de la participación de al menos el 40% del padrón electoral.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, era una de las más atentas a este proceso, pues ella se ha resistido a legislar en esa materia e, incluso, envió el mensaje de que ella “fue elegida para gobernar seis años” y que nada ni nadie la hará retirarse antes.
¿Cuál fue el costo que tuvo que pagar Salomón Jara para pasar por ese riguroso filtro?
En esencia, la pérdida de capital político. Salomón Jara llegará muy debilitado a las elecciones del 2027, a menos que desde la capital del país asuman el control electoral en aquella entidad. Ese es un precio que no está dispuesta a pagar Rocío Nahle.
En 2024, ayudada de manera significativa por la operación realizada a nivel nacional para hacer ganar a Claudia Sheinbaum, la candidata de la alianza Morena-Verde-PT al gobierno de Veracruz consiguió una votación sin precedentes: 2 millones 124 mil 130 votos, contra 1 millón 667 mil conseguidos seis años antes, montado en la “ola del Peje”, Cuitláhuac García.
Rocío Nahle obtuvo oficialmente el 58.9 por ciento de la votación, con lo que cualquier cifra menor a eso en una consulta para la revocación de mandato sería considerada un descalabro para una gobernadora que se vende como “fuerte aspirante” a la presidencia del país en el 2030.
Es por eso por lo que, en estricto cumplimiento de las instrucciones de su jefa, el diputado Esteban Bautista mantiene encerrada en el más oscuro cajón de su oficina, la sentencia que obliga al Congreso de Veracruz a acatar lo establecido en la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2019, en su artículo sexto transitorio:
“Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad”.
No es miedo, no vayan a creer eso, “es precaución”.
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Epílogo.
Y como se decía en aquellos viejos juegos infantiles: “lo que hace la mano, hace la tras”. Apenas vieron en a zona conurbada Veracruz-Boca del Río que en Xalapa les justificaron y aprobaron el madruguete a los transportistas, que de inmediato se aplicaron a replicar la medida. *** La Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver), anunció el incremento del precio del pasaje a 12 pesos como única tarifa a partir de este miércoles. *** Fue una decisión, aclaran, tomada “en sesión ordinaria del Consejo” y argumentan que desde hace 15 años no se ajusta la tarifa. En el comunicado no se habla de una autorización por parte de las autoridades estatales. *** ¿Será que pasen con total impunidad por encima del gobierno estatal?
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