Los resultados están a la vista: ayuntamientos que, en muchos casos, ya pagaron dos veces el valor original del crédito y siguen atrapados en una espiral que limita su capacidad de inversión. Calles sin pavimentar, servicios deficientes y presupuestos atados a decisiones tomadas hace más de una década. Esa es la herencia real de la “ingeniería financiera” que hoy algunos pretenden olvidar.
Ahí es donde entra la actual administración estatal. Lo que está en marcha no es una ocurrencia ni un acto de voluntarismo político: es una estrategia integral de saneamiento. Desde el inicio de su gestión, Nahle García apostó por una premisa elemental pero poco practicada: no gastar más de lo que se tiene. Bajo ese principio se han implementado medidas que, aunque poco espectaculares, resultan estructurales: depuración de nómina, eliminación de “aviadores”, disciplina presupuestal, revisión de pasivos y renegociación de intereses.
Pero el punto de quiebre está en el siguiente paso: intervenir en el esquema de bursatilización municipal. La propuesta —tan técnica como políticamente disruptiva— consiste en que el gobierno estatal adquiera la deuda que hoy está en manos de tenedores privados, para reestructurarla bajo condiciones más favorables y liberar a los municipios de esa carga asfixiante.
No es menor. Significa arrebatarle a los mercados financieros un negocio de largo plazo y devolver margen de maniobra a los ayuntamientos. Significa, también, que el Estado asuma un rol activo donde antes predominaba la lógica de la intermediación privada.
La reacción de la oposición era previsible. PAN y PRI cuestionan costos, sospechan intenciones y lanzan preguntas que, en el fondo, evitan una más incómoda: ¿quién creó el problema? Porque el debate no puede aislarse del origen. Fueron justamente esos grupos políticos los que, en su momento, avalaron o diseñaron los mecanismos que hoy mantienen atados a los municipios.
El argumento de que “le costará caro al Estado” merece matices. ¿Más caro que seguir transfiriendo recursos durante años a esquemas financieros que ya se han cobrado varias veces? ¿Más oneroso que perpetuar la dependencia de los municipios frente a contratos que no controlan? El costo real no está solo en pesos, sino en oportunidades perdidas.
Por supuesto, no hay soluciones mágicas. El rescate implica riesgos, exige transparencia y demanda una ejecución impecable. Pero también abre una posibilidad inédita: que los municipios recuperen capacidad de inversión, que el dinero público deje de alimentar inercias financieras y que la deuda deje de ser un instrumento de control político y económico.
Lo que realmente está en juego no es solo un esquema financiero, sino una forma de entender el poder. Durante años, la deuda fue utilizada como palanca de sometimiento: quien controla el flujo, controla la decisión. Desmontar ese modelo implica redistribuir poder hacia lo local, hacia los ayuntamientos, hacia la obra pública tangible.
Por eso incomoda. Porque rompe inercias. Porque exhibe excesos pasados. Y porque demuestra que, con orden y voluntad política, incluso los problemas más enraizados pueden enfrentarse.
La pregunta de fondo no es cuánto cuesta rescatar a los municipios. La pregunta es cuánto le ha costado a Veracruz no hacerlo antes.
Al tiempo.
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