La discusión sobre el fracking en México volvió al centro del debate nacional y, como suele ocurrir cuando se habla de energía, la narrativa oficial intenta vestir de progreso lo que en realidad representa una amenaza para comunidades enteras. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de evaluar esta técnica mediante un comité técnico-científico encendió nuevamente las alertas entre organizaciones ambientalistas, que insisten en una verdad incómoda: no existe un fracking sustentable.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking fue clara y contundente. No hay “fracking responsable”, no hay “fracking verde”, no hay tecnología capaz de borrar dos décadas de evidencia científica sobre contaminación de mantos acuíferos, afectaciones al aire, daños a la salud y fracturas sociales en los territorios donde se implementa.

Reducir el debate a una cuestión técnica es, en el fondo, una estrategia política. Porque aquí no se discute solamente cómo extraer más gas, sino quién paga el costo de esa extracción. Y casi siempre son los mismos: comunidades rurales, pueblos originarios, campesinos y regiones históricamente olvidadas por el poder central.

En Veracruz, particularmente en la región norte y la franja huasteca, este tema no es lejano ni abstracto. Municipios como Castillo de Teayo, Tihuatlán y Álamo han aparecido desde hace años en el mapa de interés energético por su potencial para la fractura hidráulica. Del otro lado, en Puebla, Venustiano Carranza, Xicotepec de Juárez y Francisco Z. Mena también forman parte de esa geografía donde el desarrollo prometido suele llegar acompañado de incertidumbre, división social y daños ambientales.

Por eso preocupa que se pretenda instalar un comité que, desde su diseño, parezca más orientado a justificar una decisión previamente tomada que a abrir una verdadera evaluación pública. Si no existe la posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking, entonces no estamos frente a ciencia ni diálogo, sino frente a una simulación institucional.

Hablar de soberanía energética también exige honestidad. No se puede llamar soberanía a seguir profundizando la dependencia de combustibles fósiles, abrir más infraestructura gasífera y sacrificar territorios completos en nombre del abastecimiento. Eso no es independencia; es prolongar un modelo que ya mostró sus límites y sus consecuencias.

La verdadera soberanía energética debería construirse desde la transición, no desde la obstinación. Apostar por energías limpias, por modelos regionales sostenibles y por políticas que respeten el territorio y la salud pública tendría mucho más sentido que seguir defendiendo una técnica cuya reputación internacional está marcada por la controversia.

México no necesita mejores excusas para seguir perforando la tierra; necesita mejores decisiones para dejar de hacerlo. El fracking no debe perfeccionarse, debe superarse. Porque cuando el progreso exige sacrificar agua, aire y dignidad, deja de ser progreso y se convierte en deuda histórica. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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