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Atticuss y Francisco Licona
 

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En seguridad hay mejores cifras en Veracruz y se envían mensajes políticos
2026-05-20

Mientras la polarización política sigue su ruta destructiva, poco espacio queda para reconocer cambios positivos. Pero en Veracruz empiezan a aparecer datos fríos que merecen atención.


La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez y la gobernadora Rocío Nahle parecen decididas a alinear al Estado con la estrategia nacional de judicialización y combate a delitos de alto impacto.


Así, en días pasados la FGE informó en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad que en apenas 48 horas logró 27 resoluciones judiciales, entre sentencias condenatorias, vinculaciones a proceso e imputaciones relacionadas con secuestro, extorsión y homicidio.


Y ahí está el punto político de fondo: en Veracruz la estrategia de seguridad ya no busca quedarse solo en operativos o despliegues mediáticos; también intenta sostener carpetas, detenciones y procesos que sobrevivan ante jueces. Y es que una cosa es detener y otra judicializar.


Destacan además acciones contra secuestro y extorsión, delitos que históricamente golpean la percepción social y económica del Estado.


Y aunque falta muchísimo para cantar victoria, en los cafés políticos ya empieza a leerse algo: la 4T en Veracruz entendió que seguridad sin judicialización termina siendo simple propaganda.


Por eso el dato importante no son solo las detenciones, sino que los expedientes empiecen a caminar.


En política de seguridad, las cifras ayudan, pero las sentencias pesan más.


“Quien la deba, que la pague”: el nuevo tono en Morena


En política las palabras pesan más cuando cambian el tono. Y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara soltó una frase que no pasará desapercibida:


“No vamos a permitir que el movimiento se empañe con ninguna estela; quien la deba, que la pague y no embarre a los demás”.


Traducido al español político: en Morena empiezan a entender que defender por sistema cualquier señalamiento puede salir más caro que marcar distancia.


Huerta pidió investigar “hasta sus últimas consecuencias” a actores políticos vinculados con presuntos hechos delictivos o incluso con señalamientos de injerencia extranjera, dejando claro que el nuevo discurso de la 4T ya no busca solo resistir golpes, sino administrar daños.


Y ahí está el fuerte mensaje político: habría que diferenciar el caso Sinaloa del conflicto en Chihuahua, donde Morena impulsa acciones contra la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván.


Es decir: la 4T empieza a combinar defensa, contraataque y deslinde interno al mismo tiempo. Cierre de filas y movimiento social como el reciente en Chihuahua


Y en los cafés políticos ya se comenta que con la llegada de Ariadna Montiel Reyes el movimiento comenzó a endurecer su disciplina interna para evitar que los escándalos terminen contaminando a toda la estructura.


Porque en el nuevo ring político nacional, Morena parece haber decidido algo: dejar de ser únicamente costal y empezar también a tirar golpes.


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