Entre los trabajos que le valieron esta distinción está la historia de una mujer que vivía en condición de calle. Después de ser entrevistada y de darse a conocer su situación, el DIF municipal intervino para brindarle refugio y atención. Su vida cambió radicalmente. No fue una nota para obtener miles de reproducciones en internet ni un ejercicio de exhibicionismo mediático. Fue periodismo con utilidad social.
Pero ese caso es apenas un ejemplo. Pocos periodistas poseen la sensibilidad, la capacidad narrativa y la disciplina profesional para construir historias con profundo sentido humano. La prisa por publicar, la competencia por la primicia y la búsqueda de notoriedad han ido desplazando el valor esencial de escuchar y comprender a las personas.
Por eso adquiere especial relevancia el reconocimiento entregado por la Asociación de Comunicadores Veracruzanos. Desde su fundación, hace más de una década, la ACOVER estableció en sus estatutos la organización de un concurso periodístico, cuyos trabajos serían evaluados por jurados externos. Casi medio centenar de trabajos fueron analizados y calificados.
Fue hasta este año, bajo la presidencia del también destacado periodista Luis Domínguez, cuando finalmente se concretó este propósito institucional. Más vale tarde que nunca. Porque las asociaciones de periodistas no pueden limitarse a emitir posicionamientos o a tomarse la fotografía de ocasión. Deben también reconocer el mérito, estimular el buen periodismo y dignificar un oficio que atraviesa uno de sus momentos más difíciles.
Y es aquí donde la celebración inevitablemente se encuentra con la amarga realidad.
En los últimos tres años, tres integrantes de la propia asociación han sufrido saqueos en sus domicilios. Se llevaron computadoras, equipos de trabajo y herramientas indispensables para ejercer la profesión. Y el panorama es aún más sombrío si recordamos la larga y dolorosa lista de periodistas asesinados o desaparecidos en Veracruz y en México.
Las autoridades responden casi siempre de la misma manera: anuncian la apertura de carpetas de investigación. La expresión se ha convertido en un ritual burocrático que pretende sustituir a la justicia. Se abre una carpeta, se ofrece una declaración, se promete una investigación exhaustiva y después sobreviene el silencio. El expediente se archiva en la práctica y la impunidad sigue su marcha.
La agresión contra un periodista no es únicamente un ataque individual. Es un atentado contra el derecho de la sociedad a estar informada. Cada reportero silenciado representa una historia que deja de contarse y una verdad que queda sepultada.
Por eso tiene valor reconocer a quienes todavía creen en el periodismo como un servicio público y un compromiso ético con los demás. Porque ejercer este oficio con sensibilidad, rigor y humanidad es hoy un acto de resistencia.
Mientras el Estado siga administrando expedientes en lugar de impartir justicia, los mecanismos de protección para periodistas no serán más que costosos adornos burocráticos colocados sobre las tumbas, las desapariciones y el miedo.
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