Si Washington decide destrabar las extradiciones pendientes, el caso Cabeza de Vaca podría convertirse en uno de los primeros grandes expedientes políticos de la relación Sheinbaum-Trump.
Y, también el segundo exgobernador panista acusado por delitos graves de los que tanto exige la oposición que se persigan con todo el peso de la ley.
Caso Ruffo Appel: más que juicio penal, es batalla política
El caso del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, fundador e impulsor del nuevo partido “Somos México”, tomó un giro que rebasa lo estrictamente jurídico. Tras su detención y vinculación a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, permanecerá bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República sostiene que la investigación sobre la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la que Ruffo es socio y secretario del Consejo, se basa en evidencias técnicas y financieras recabadas durante más de un año, dentro de una presunta red de "huachicol fiscal".
Pero el expediente ya salió de los tribunales.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y la FGR rechazan cualquier motivación política, dirigentes del PAN, exgobernadores y organismos internacionales afines a la oposición denuncian una presunta persecución.
Por eso, el verdadero debate ya no parece estar únicamente en la responsabilidad penal de Ruffo Appel, sino en cuál de las dos narrativas logrará imponerse ante la opinión pública: la de un proceso judicial sustentado en pruebas o la de una acción con motivaciones políticas.
Y ese debate, todo indica, apenas comienza de cara al 2027 en la que estará en juego la mayoría en los congresos y varias gubernaturas.
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