En pocas palabras: que el cargo público no se convierta en un escudo frente a la justicia.
Porque una cosa es la responsabilidad que implica desempeñar una función pública y otra muy diferente pensar que ocupar un puesto de elección popular o formar parte de alguna institución del Estado concede una especie de salvoconducto ante posibles responsabilidades penales.
Ahora viene lo interesante.
La iniciativa tendrá que ser discutida, analizada y, en su caso, aprobada por el Congreso. Y una vez que se convierta en norma, lo verdaderamente importante será que se aplique.
Porque de poco serviría eliminar la inmunidad procesal si después las denuncias terminan acumulándose en algún escritorio, esperando que pase el tiempo hasta que nadie vuelva a acordarse de ellas.
Ahí está precisamente uno de los grandes pendientes.
Sería conveniente revisar qué ha ocurrido con las denuncias que ya fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado por presuntos malos manejos o irregularidades en la administración de recursos públicos municipales y estatales. No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de que las investigaciones tengan seguimiento, se determine lo que corresponda conforme a derecho y, cuando existan elementos, se proceda ante las instancias competentes.
La justicia no debe depender de quién ocupa el escritorio.
Y mucho menos de cuánto tiempo falta para que termine un periodo de gobierno.
La propuesta de eliminar la inmunidad procesal puede representar un cambio importante en las reglas para quienes ejercen responsabilidades públicas. Pero el verdadero desafío será demostrar que la ley funciona igual para todos: funcionarios, legisladores, alcaldes, jueces o cualquier ciudadano.
Porque el fuero podrá desaparecer del papel, pero la impunidad solamente desaparece cuando las instituciones hacen su trabajo.
Y como seguramente apuntaría Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense:
“Quitar el fuero es quitar el paraguas; ahora falta ver si cuando llueva justicia, nadie corre a esconderse.”
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