Las universidades no son ajenas al espíritu de su época ni a los procesos sociales que le rodean. En el caso mexicano, aunque sus orígenes se remiten a la época colonial, en un sentido moderno fueron producto de la configuración política y cultural surgida de la revolución mexicana, con los claroscuros de nacionalismo y autoritarismo que le caracterizaron. Bajo el impulso de este movimiento popular, la Universidad Nacional obtuvo su autonomía, se construyó Ciudad Universitaria y la matrícula nacional pasó de 23 mil estudiantes en 1930 a 335 mil en 1970. 

Con la crisis del desarrollismo y el posterior advenimiento del neoliberalismo, el ascenso de la universidad en México se detuvo. Aunque la matrícula continuó creciendo hasta alcanzar los 4 millones de estudiantes, el gasto por alumno se estancó y el índice de titulación disminuyó. El porcentaje de mexicanos que tiene un título universitario en México es bajo con respecto de otros países de la OCDE. Y aunque la cobertura alcanza 38.4 por ciento, dista de ser la óptima para los fines del desarrollo. Peor aún, cursar estudios universitarios dejó de ser una ruta de ascenso social en el contexto de una economía donde es más difícil obtener un empleo bien remunerado entre más estudios se posea.

Muchos de estos problemas son resultado del abandono de la rectoría del Estado en el sector y del traspaso de sus responsabilidades al mercado.  Aunque los intentos más directos de privatización no prosperaron, la verdad es que las puertas se hicieron más estrechas conforme se imponían cuotas, aumentaba el costo de los servicios y la proporción de rechazados por las universidades públicas crecía. 

El neoliberalismo también provocó efectos negativos en la estructura interna de las universidades mexicanas, el mayor de los cuales fue una profunda diferenciación de ingresos y condiciones laborales entre un núcleo cada más reducido de docentes de base y una inmensa periferia integrada por sus pares temporales. La precarización del trabajo docente es uno de los más graves problemas del sistema de educación superior en México. Y hoy es la causa directa del enésimo paro de labores en la UNAM.

Paralelamente se consolidó una burocracia universitaria que, como nunca, usó discrecionalmente los recursos financieros en su provecho. El despilfarro y la corrupción en las universidades públicas alcanzaron niveles inimaginables durante el neoliberalismo. No olvidemos que en ese nefando crimen llamado la “estafa maestra” algunas instituciones de educación superior jugaron un papel central. De igual manera, es públicamente reconocido que algunos destacados funcionarios de universidades estatales purgan hoy condena por lavado de dinero y desvío de fondos, además que el mal ejercicio del gasto puso en riesgo de quiebra a varias universidades.

Con los aires de cambio que hoy recorren el país se abrieron nuevos derroteros para la universidad pública en México. La Ley General de Educación Superior recientemente aprobada establece una ruta para la eliminación de las cuotas como una primera medida destinada a ampliar la cobertura y abatir la desigualdad de acceso. Plantea también una serie de mecanismos para mejorar la coordinación y planeación del sistema nacional de educación superior, al mismo tiempo que afianza la autonomía universitaria como principio fundamental. Por su parte, la política de austeridad, aunque recusada por la actual burocracia universitaria, establece lineamientos generales para un ejercicio sano, responsable y eficiente de las finanzas que puede permitir un mejoramiento progresivo de las condiciones laborales de los trabajadores universitarios, sobre todo en el caso de sus profesores temporales.

Los aspirantes a ocupar la Rectoría de la Universidad Veracruzana deberían evaluar la pertinencia de estas orientaciones, más allá de sus opiniones políticas personales. 

*Economista, latinoamericanista y asesor parlamentario