Si bien sembrar árboles es una medida importante, no podemos depender únicamente de esta acción para hacer frente a los desastres naturales. Es necesario adoptar un enfoque más amplio e incluir estrategias de prevención y preparación ante situaciones adversas. La creación de planes de contingencia, la educación en temas de resiliencia y la implementación de tecnologías avanzadas para la detección temprana son igualmente cruciales para fortalecer nuestra capacidad de respuesta.
Uno a estas alturas del partido- sin que nos atemorice- debe plantear cara de forma catastrofista porque los escenarios de películas ochenteras en donde las guerras y los medios de reserva de valor ya no eran el dólar, era ahora el agua, están cada vez más presentes.
Para ejemplificar esto, cabe recordar que autoridades municipales en diversas partes del país tuvieron que aguantar embestidas por parte de los ciudadanos -que con justificada desesperación- llevaban meses sin tener acceso al liquido vital de forma regular, lo que les estaba generando externalidades negativas en la salud y su economía.
De manera proactiva, los países desarrollados han generado esquemas de participación tanto social como científica para tomar cartas en el asunto, a fin de no sólo evitar los problemas sociales, más bien la propia subsistencia y la competitividad económica a través de la correcta utilización de los factores de la producción.
El caso más representativo relativo a una forma de participación social es la “legitimación activa” en materia ambiental, la cual se refiere a la capacidad o derecho que tienen ciertas personas, organizaciones o entidades para presentar acciones legales o recursos ante los tribunales o autoridades competentes en asuntos relacionados con el medio ambiente.
Es decir, es la facultad que se otorga a determinados sujetos para ejercer acciones judiciales en defensa del medio ambiente o en casos que involucren presuntas violaciones a las normas ambientales.
Bajo ese hilo conductor, la importancia de la legitimación activa en materia ambiental radica en garantizar que aquellos que tengan un interés legítimo en la protección del medio ambiente puedan ejercer su derecho a acceder a la justicia y participar en el proceso judicial para promover la conservación y el respeto por el entorno natural.
En México existe reconocimiento constitucional a un derecho ambiente sano, sin embargo, queda sin efecto la tutela efectiva, porque desgraciadamente, la regulación procesal es aún imprecisa, es decir, la legitimación activa es más de carácter reactiva y no preventiva, lo que implica un sinsentido a la propia de la lógica preservación.
Pero más allá de la litigación -que el conflicto de los intereses puedan generar-, tenemos como país la necesidad de generar a través de políticas públicas bien moduladas a las configuraciones que nos marca el orden global, al menos en materia medio ambiental, como es el caso del Acuerdo de París, mismo que busca limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius en comparación con los niveles preindustriales, y si es posible, limitarlo a 1.5 grados Celsius.
Para lograr esto, los países firmantes deben presentar y cumplir con sus contribuciones nacionales determinadas, que son los planes y compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo anterior debe atenderse principalmente por parte de los países altamente vulnerables como México, ha de emprender medidas suficientes de adaptación y protección de sus poblaciones, más cuando ahí se gestará otra brecha entre los países desarrollados y los que no. |
